Logo de Excélsior                                                        

El fallido plan C

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

¿Quién lo pensaría? La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no oye ni escucha lo que sucede a un lado de su oficina. A partir de que nueve de 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional la primera parte del plan B electoral, el asedio de algunos morenistas en su contra subió de tono. Pasaron de los mensajes de odio en redes sociales a ir a plantarse a las afueras del edificio de la SCJN. De los mensajes escritos en mantas y los gritos, pasaron a la violencia física. Esto es resultado del recrudecimiento del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de ellos y en especial de la presidenta Norma Piña.

Pero lo raro no es ver y escuchar al Presidente que incita en contra de las y los ministros, lo que sorprende es la actitud de la jefa de Gobierno porque ella es la gobernante de esta ciudad en donde están asentados los Poderes de la nación y, por lo tanto, es responsable de garantizar la seguridad de los integrantes del Poder Judicial o por lo menos de pronunciarse en contra de la violencia de la que son objeto.

Un poder que, hoy por hoy, es el poder de equilibrio ante el omnipotente Presidente y una mayoría legislativa que, sometida, amenazó con iniciar un proceso de juicio político en contra las y los nueve ministros que votaron la inconstitucionalidad de la primera parte del plan B, decisión por la cual el presidente López Obrador explotó y, quizás, por el enojo o la falta de conocimiento, dictó el plan C. Éste consiste en reformar la Constitución para que los miembros de la SCJN se elijan mediante el voto ciudadano. Lo apoyaron los 22 gobernadores y los legisladores de su partido. Sin embargo, para que eso suceda, Morena y sus aliados deben esperar la elección de junio de 2024 y lograr una mayoría calificada en el Congreso y una mayoría absoluta de los Congresos locales.

Pero ése no es el problema mayor, sino el hecho de que la organización de un Estado no se produce por decreto. Definir el tipo de régimen político después de la Colonia, tuvo sus grandes dificultades e implicó considerar factores históricos, políticos, sociales y, hasta geográficos de la población mexicana. No es fortuito que los constituyentes de 1823 decidieron que nuestro sistema político se conformara a semejanza de los Estados Unidos (república presidencial, federal y con división de poder tripartita) y, un siglo después, transitamos hacia un sistema político sui generis, con un presidente que ejercía el poder político “metaconstitucionalmente” (por encima de sus funciones constitucionales), muy parecido a como lo hicieron los antiguos tlatoanis.

Desde 1917, tardamos varias décadas para sacudirnos la idea de que el poder político sólo era eficiente si se ejercía de forma patrimonialista y autoritario (con presidentes militares), pero, finalmente, después de un largo y doloroso aprendizaje, los mexicanos aprendimos que la democracia sólo es posible si la separación de poder político funciona; y entonces, nos esforzamos por reformar el pacto social constitucional para garantizar que así sucediera. Aunque puede ser perfectible, la división de poder político en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial y la forma de elegir a sus integrantes ha sido funcional. Además, cabe mencionar que la gran mayoría de los Estados con regímenes políticos democráticos eligen de forma indirecta a sus ministros y magistrados: EU, España, Italia, Reino Unido, Francia, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, etcétera. Incluso, algunos lo hacen bajo fórmulas que le garantizan mayor independencia al Poder Judicial, por ejemplo, con ternas que emanan del mismo Poder Judicial, o por medio de asociaciones gremiales o de profesionistas del derecho.

Por estas razones, plantear un plan C para cambiar la forma indirecta en que se eligen a las y los ministros, por una forma directa de voto ciudadano, bajo el argumento de que eso sería más democrático, resulta verdaderamente hipócrita y contrario a como ejerce el poder político el Presidente y su partido.

 

Comparte en Redes Sociales

Más de Ruth Zavaleta Salgado