Disrupción autoritaria

Los ciudadanos, tal vez, juzgarán de diferente forma la prematura renuncia del canciller Ebrard.

Todavía no se terminaban de contar los votos de las actas de la elección del domingo 4 de junio, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya estaba anunciando que las corcholatas van a renunciar a sus cargos para dedicarse de tiempo completo a las precampañas para la candidatura presidencial de Morena y sus aliados. Con este anunció arrancó la nueva etapa del calendario electoral que ha impuesto el mandatario y su partido por encima de lo que marca la ley.

No se sabe si la decisión la tomó por la preocupación que le produjo el resultado del Estado de México, porque a pesar del intervencionismo presidencial, la diferencia no fue de 20% como decía la propaganda, sino de 8%, pero, paradójicamente, la noticia del triunfo de la candidata de la coalición de Juntos Haremos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez, con 52.2%, se opacó casi de forma inmediata y quedó en el olvido ante la iniciativa del canciller Marcelo Ebrard, que de inmediato anunció su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El anuncio fue, sin lugar a dudas, una acción disruptiva y exitosa mediáticamente, porque le valió al secretario las primeras planas de los principales medios de comunicación, pero no por ello es un acto democrático relacionado con generar mayor igualdad en la contienda interna de ese partido, por el contrario, el que renuncien las corcholatas y se dediquen de tiempo completo a promoverse, es una acción perversa y autoritaria porque es ilegal y genera desigualdad en la competencia electoral del proceso que viene.

El calendario electoral es muy claro al respecto, las precampañas del proceso de 2024, deberían    comenzar hasta diciembre, pero, coherente con su forma autoritaria de tomar decisiones, al presidente López Obrador se le ocurrió una fórmula ideal para que Morena y sus aliados tengan ventaja frente a las otras fuerzas políticas: Iniciar ya el proceso, disfrazando de precampaña interna la alevosa promoción de sus corcholatas, después hará unas encuestas para descubrir cuál de estos personajes es el que encabezará la candidatura a la Presidencia, y para que no haya divisiones, ya repartió otros cargos, es decir, el segundo, tercero y cuarto lugar, obtendrán los liderazgos en el Poder Legislativo o cargos importantes dentro del gabinete de gobierno federal. Ni en los mejores tiempos del partido hegemónico, con un presidente de la República que ejercía funciones metaconstitucionales, sucedió cosa parecida.

En el más puro pragmatismo, el Presidente no tomó esta decisión a partir de lo que es mejor para los ciudadanos, sino de lo que le conviene para su proyecto de mantener el poder político. Con la renuncia de estos personajes y la competencia electoral abierta que realizarán entre ellos, están cambiando las reglas del juego electoral y causando desigualdad en la competencia política con otras fuerzas políticas, no se nos olvide que la igualdad para competir por los cargos populares es una condición máxima de la democracia.

No es que no nos guste la idea de que, quienes aspiren a nuevos cargos de elección renuncien a los actuales para que no hagan uso de la estructura y de los recursos de esos espacios de poder político,  pero nada garantiza que no lo sigan haciendo cuando renuncien. En ese contexto, se vale especular respecto a las preferencias presidenciales, tal vez el presidente López Obrador ya cambió de opinión y su candidata favorita ya no es Claudia, porque renunciar no tiene el mismo costo político para ella que para Marcelo Ebrard. Mientras que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es un cargo de elección popular, la Cancillería es un cargo designado por el Presidente, por lo tanto, los ciudadanos, tal vez, juzgarán de diferente forma la prematura renuncia.

No obstante el costo político que implique a cada una de las corcholatas el renunciar a sus cargos, eso no es lo importante para los ciudadanos, sino que se cumpla la ley y que se preserve el juego democrático que, hasta hoy, ha dado buenos resultados, aunque le pese al gobierno actual, valió la pena defender al INE.

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