Desaparición forzada: tragedia de Estado
Esta “crisis” debe preocupar a los gobernadores.
Para dar cumplimiento a la solicitud de acción urgente número 1000, entre el 15 y 26 de noviembre, una delegación del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) viajará a 12 estados de la República para reunirse tanto con las autoridades de los tres niveles de gobierno, como con las víctimas, los representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones internacionales para analizar la problemática relacionada con la desaparición forzada de personas.
Si bien es cierto, la solicitud fue hecha en diciembre de 2020, la ONU-DH México, mediante sus representantes: Guillermo Fernández-Maldonado y Jesús Peña Palacios, han seguido denunciado los diversos hechos de violencia que se han perpetrado en estos meses contra migrantes, periodistas y activistas sociales tanto por grupos criminales como por la propia Secretaría de Defensa Nacional (por ejemplo, en el operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas).
La gravedad de esta problemática es reconocida como de “crisis humanitaria” por el propio subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que recién presentó el Informe Semestral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas (con corte del 1 de enero al 30 de junio de 2021). Pese a que el funcionario expresó que las desapariciones forzadas son una herencia del pasado, los datos de la misma institución que encabeza son demoledores. Entre 1994 y 2005 se registraron solamente mil 633; en el sexenio de Felipe Calderón, 16 mil 810; durante el de Enrique Peña Nieto, 35 mil 280, y en el Andrés Manuel López Obrador, en tres años, 20,990 (de 2019 a junio de 2021).
En total, las personas desaparecidas o no encontradas (PDNE), entre 2006 y 2021, suman en total 87 mil 855, pero Carmen Rosa Villa, jefa de la delegación del CED, afirmó que, según los registros públicos, el total es de 94 mil personas desaparecidas hasta el 11 de noviembre en México.
No obstante el terror que puedan causarnos estos datos, la tragedia es mucho mayor si pasamos de la estadística general a la estratificada. “De las personas reportadas como desaparecidas en el periodo diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021, las mujeres representan 24.70%, pero si sólo tomamos a las personas menores de 18 años, las niñas y mujeres adolescentes representan 55.30% de las desaparecidas, y la mayoría de ellas tiene entre 10 y 17 años. El 63.02% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México”. De nueva cuenta, son las mujeres quienes están enfrentando una grave “crisis humanitaria”.
Por otra parte, esta “crisis humanitaria”, debido al incremento de personas desaparecidas, también debe preocupar a los gobernadores de los estados de la República. Los datos están ahí. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2021, 10 estados mantienen 76.33% del número de personas desaparecidas o no encontradas (Jalisco, CDMX, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas).
Lo cierto es que a los que no les preocupó en absoluto esta problemática fue a los legisladores de la Cámara de Diputados porque a pesar del incremento de personas desaparecidas en este sexenio, la mayoría morenista y aliados, no incrementó ni un peso para la búsqueda de las personas no encontradas.
Es importante la visita (del CED) porque puede establecer, en su informe preliminar del 26 de noviembre, una alerta que haga volver la cabeza al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que, de acuerdo con el mismo CED, en marzo de 2022, será presentado el informe final que incluirá recomendaciones al Estado mexicano. Sin embargo, la pregunta es esencial: ¿qué va a suceder con los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda si los recursos destinados serán insuficientes?, y si además no hay una política pública para evitar las desapariciones y para, en el lamentable caso, localizar a los desaparecidos. La “crisis humanitaria” es luto en México.
