Desafueros politizados
Aun cuando la declaración de procedencia en contra de Uriel Carmona llamó la atención, desde 1917 se han desaforado a una docena de funcionarios.
Un año y nada sabemos de quién
mandó asesinar a Ciro Gómez Leyva.
En la sesión plenaria del miércoles, los diputados federales desaforaron a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, con 230 votos a favor de Morena y sus aliados, 22 en contra de MC y 170 abstenciones del PRI, PAN y PRD, pero no pasaron ni 24 horas cuando la mayoría de legisladores locales votaron en contra de la “homologación de la declaración de procedencia”, por lo tanto, el fiscal sólo podrá ser procesado penalmente hasta concluir su cargo en 2027, fecha en la que, sin lugar a dudas, habrá cambiado la geografía política. Fue lo mismo que pasó con el desafuero del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca en 2021 (presuntamente investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada).
Que los diputados locales rechacen el desafuero aprobado por la Cámara federal demuestra ¿que el federalismo funciona y se impone la razón local ante la arbitrariedad federal? o ¿hay rebelión interna en los partidos políticos? Porque, tanto los diputados federales como locales emanan de los mismos partidos políticos. O, tal vez, esto sea el reflejo de que hay otros factores que inciden en la decisión local y que no se quieren ponderar adecuadamente. Salvo que haya un análisis sociológico de estos dos casos y podamos saber, de manera puntual, por qué los legisladores locales rechazaron los desafueros, lo cierto es que, el mecanismo para declarar la procedencia (artículo 111) fue diseñado para evitar la venganza política y el abuso de poder, y en estos dos casos, al parecer así, fue porque se protegió a los involucrados que siempre señalaron que había una persecución política en su contra.
En ese contexto, aun cuando la declaración de procedencia en contra de Uriel Carmona llamó la atención, porque es la primera en contra de un fiscal, desde 1917 se han desaforado a una docena de funcionarios, los más emblemáticos por ser relativamente recientes, fueron: René Bejarano en 2004 (señalado por actos de corrupción); el ahora Presidente cuando era jefe de Gobierno en 2005 (acusado por desacato por el caso del predio El Encino), y el exdiputado Mauricio Toledo en 2021 (señalado de enriquecimiento ilícito). Otros casos emblemáticos por su impacto político, que poco se mencionan por su antigüedad, fueron los del exgobernador de Michoacán Félix Ireta Viveros en 1947 (acusado por falsificación de documentos); los exsenadores Manuel Riva Palacio en 1935 (acusado de conspiración ) y Jorge Díaz Serrano en 1983 (acusado de cometer fraude en contra de Pemex).
No obstante estos casos, posiblemente, relacionados con algún tipo de persecución política, la Cámara bajas también ha desaforado a funcionarios por otros motivos que nada tienen que ver con la función política: Julio César Godoy en 2010 (señalado por tener vínculos con grupos criminales), Lucero Sánchez en 2016 (señalada por sus relaciones cercanas con El Chapo Guzmán), Cipriano Charrez en 2019 (acusado de conducir en estado de ebriedad y huir cuando atropelló a un joven que circulaba en bicicleta y murió), y Saúl Huerta (acusado de abuso sexual de un menor).
Cabe mencionar que hay otros tres casos de diputados que algunos medios de comunicación consignan como desafueros: Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas en 1945 (acusados de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en EU), sin embargo, según consta en el Diario de Debates del 1º de febrero de 1945 éstos pidieron licencia (sin fuero) antes de que se erigirá la Cámara de Diputados en Gran Jurado (https://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/39/2do/Extra/19450201.html).
Independientemente de las diferencias en el número de casos de desafueros, lo cierto es que, a la luz de la persecución política de este sexenio, fue un acierto que los diputados de la sexagésima cuarta Legislatura (tenía mayoría calificada Morena y sus aliados) rechazaran la iniciativa presidencial que habían votado a favor los senadores como cámara de origen, el 27 de marzo de 2019, y que significaba que la Cámara de Diputados ya no tendría la facultad exclusiva de “declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos” (artículo 74 constitucional), es decir, que se desapareciera el fuero.