Con una visión populista desde que inició su sexenio, el presidente López Obrador pasó del discurso, de mandar al diablo a las instituciones, a los hechos. En estos más de cuatro años de su gobierno emprendió diversas acciones para intentar desaparecer, transformar o desprestigiar a las instituciones públicas y privadas que le estorban para ejercer el poder político sin contrapesos y en la opacidad. Así lo hizo en contra del INE, del Tribunal Electoral, de la Corte, de la UNAM y del Inai, pero también contra los partidos de oposición, los periodistas, los medios de comunicación, las cámaras empresariales, las asociaciones civiles, los organismos internacionales y, ahora, del gobierno de Estados Unidos.
Para lograr el éxito de su estrategia, el Presidente cuenta con la complicidad de la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso de la Unión que, sin ningún rubor, han aprobado reformas que violentan el Estado de derecho, no sólo por ser inconstitucionales, sino porque no se apegan al procedimiento legal y político para ser votadas, y además, transgreden los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, las de la militarización de la Guardia Nacional o las del plan B electoral.
El actuar por encima de la Constitución ha sido una constante del actuar de la mayoría legislativa, y lo repitieron la semana pasada al aprobar “al vapor” más de 20 iniciativas en las últimas horas del cuarto periodo de sesiones ordinarias. Eufóricos, después de reunirse con el Presidente de la República, los senadores gobiernistas, en una sede alterna a la que usan cotidianamente, votaron los dictámenes que les habían enviado los diputados sin tener el quórum requerido en algunos casos (así lo consignaron algunos medios de comunicación).
Una de las minutas aprobadas en esas condiciones fue la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con la que se desaparece el Conacyt y lo sustituye por un consejo nacional a modo del gobierno. Esta polémica ley fue ampliamente cuestionada por la comunidad científica, porque atenta contra los derechos y libertades de los ciudadanos, porque establece una visión doctrinaria para hacer investigación y producir conocimiento. Un viejo debate que se creía superado en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín y que hoy revive en diferentes regiones con el auge de los gobiernos populistas.
En ese contexto de pérdida de equilibrio de poder y sometimiento de la mayoría legislativa a la voluntad presidencial, el papel del Poder Judicial se volvió muy relevante para defender el Estado de derecho que los mexicanos hemos construido a lo largo de varias décadas para vivir en democracia. Si alguna vez la SCJN había sido importante y fundamental fue cuando Benito Juárez la encabezó, pero desde que se promulgó la Constitución vigente, y ante la concentración de poder presidencial durante el periodo de partido hegemónico del PRI, el Poder Judicial fue sólo un apéndice del Poder Ejecutivo. Hoy, todo parece indicar que eso cambió y, con sus últimas determinaciones ante la aprobación de leyes inconstitucionales, la SCJN se convierte en el Poder de equilibrio para defender el derecho y su razón de ser en nuestro régimen político.
No obstante, las y los ministros no son los únicos que tienen la responsabilidad de ser guardianes de la Constitución y preservar el Estado de derecho. Además, no se les debe dejar solos ante la arremetida presidencial que se recrudeció con el nombramiento de la presidenta Norma Piña. Desde mi punto de vista, la comunidad profesional del derecho es la más obligada, moralmente, a cerrar filas a favor de las y los ministros, porque el Estado de derecho no sólo implica la supremacía constitucional, sino también la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, el correcto funcionamiento del sistema de separación de Poderes y, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Desde todos los espacios posibles, es indispensable que quienes somos estudiosos del derecho alcemos la voz para exigir que se restablezca el pleno Estado de derecho y se frene el linchamiento público y la violencia en contra de la SCJN y de cualquier institución incómoda para el poder presidencial.