¿Confrontación o reconciliación presidencial?
Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. El Principito de Antoine de SaintExupéry ¿Es por lealtad política o por presión interna de su partido? A un mes de ejercicio de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la misma ...
Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables.
El Principito de Antoine de Saint-Exupéry
¿Es por lealtad política o por presión interna de su partido? A un mes de ejercicio de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la misma narrativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de confrontación con adversarios reales o imaginarios, además, utilizando el mismo mecanismo de comunicación: las conferencias matutinas.
Por lo menos ésa fue la actitud de la Presidenta en la conferencia del 29 de octubre, en contra de las y los ocho ministros de la SCJN que presentaron su renuncia: Norma Lucia Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar Morales. Los acusó de renunciar, en estos momentos, porque “se quieren ir con sus haberes”, sin embargo, lo hicieron para dar cumplimiento a los plazos del mandato de la reforma judicial que aprobó Morena y sus aliados en días recientes. Con ello, las y los ministros, están obviando su rechazo a participar en el nuevo proceso de elección popular que se realizará en 2025. Además ¿por qué sería cuestionable que se retiren con sus haberes? No ha sido cuestionable para otro exministro que se retiró para apoyar la campaña de la hoy Presidenta de la ni de la ministra que funge como legisladora por Morena; en todo caso, retirarse con las prestaciones de ley es un derecho laboral. Por otra parte, la Presidenta advirtió que no acatará nada de lo que determine la SCJN el próximo martes, en referencia al proyecto de inconstitucionalidad de la reforma judicial.
Si las reacciones de la presidenta Sheinbaum son para demostrar su lealtad a la voluntad de su antecesor, resulta innecesario, toda vez que ha quedado claro, con creces, que ella así lo hace. Por un lado, durante este primer mes de su gobierno, ha declarado su beneplácito por la aprobación de las reformas constitucionales que están relacionadas con la herencia de las fobias del exmandatario, por ejemplo, someter y castigar a las y los integrantes del Poder Judicial, principalmente, a las y los ministros de la SCJN. En segundo lugar, todos los nombramientos de las y los funcionarios de primer nivel de las secretarías que se hacen cargo de la política interior del país, fueron otorgadas a personas incondicionales o muy cercanas al expresidente: secretarías de Hacienda, de Economía, del Bienestar, de Educación y de Gobernación, entre otras.
Se suma, además, el hecho de que es claro que ella no influyó en los nombramientos ni de los líderes parlamentarios del Congreso de la Unión (Ricardo Monreal y Adán Augusto López) ni de los líderes de Morena, tal y como es normal que suceda en cualquier democracia del mundo que tiene su base en el sistema de partidos. Por lo tanto, ella no tendrá injerencia en las decisiones ni del Congreso ni de su partido, el cual, también está encabezado por personas muy cercanas al exmandatario o ¿alguien duda para quién es el amor de un hijo?
En ese contexto, resulta inexplicable que la Presidenta se sume al discurso de estigmatización en contra de las y los ministros, jueces y magistrados, peor aún, que se niegue a recibirlos. No pierde nada la Presidenta con escucharlos, de todas formas, es de conocimiento público que no tiene facultades para vetar reformas constitucionales, pero, en un sistema presidencial, el titular del Poder Ejecutivo es el centro de la vida pública del Estado, por lo tanto, si ella decide asumir su papel de liderazgo, las y los mexicanos ganaríamos mucho, ya que la investidura presidencial recuperaría su papel de liderazgo para la reconciliación social y política y, sobre todo, de equilibrio frente a los abusos del Poder Legislativo que, después de la reforma de la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal, publicada ayer en el DOF, se convirtió en el poder supremo por encima de la Constitución.
