Nadie que compita por el poder político está preparado para perder, pero de eso a cambiar las reglas para ganar en la mesa con árbitros a modo, lo que no se logra en la competencia, se llama trampa. Resulta que el Congreso de la Unión acaba de aprobar una nueva reforma constitucional para incluir “la injerencia extranjera” como causal de nulidad electoral. El problema no es que México legisle al respecto. La reforma resulta necesaria no sólo por la experiencia de los casos que se citan en la exposición de motivos de la iniciativa, sino por lo que el mismo papa León XIV señaló en su primera encíclica Magnifica Humanitas, publicada el pasado 25 de mayo, sobre los riesgos que enfrentamos en los tiempos de la inteligencia artificial. El Papa afirmó que la tecnología “no es neutral” porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. En ese contexto, no basta preguntarse si hay injerencia extranjera en una elección, sino, quién controla las condiciones digitales bajo las cuales los ciudadanos forman su opinión política. Es decir, hoy la injerencia extranjera en los procesos electorales no necesariamente entra por financiamiento ilegal, puede hacerlo a través de plataformas, algoritmos, datos, campañas segmentadas, manipulación informativa y control de la conversación pública. Es decir, se requiere no sólo una reformita, sino una legislación amplia respecto al uso de las tecnologías.
No obstante, es plausible que las causas de la reforma al artículo 41 constitucional no estuvieron relacionadas ni con lo que dice el Papa ni con la experiencia de la elección de Estados Unidos en 2016 ni con la de Ucrania en 2004, o con la de Rumania en 2024 (estas dos últimas citadas en el dictamen), porque ésta nueva causal aparece en un contexto político muy específico: el conflicto entre el gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a partir de la presunta operación de agentes estadunidenses en territorio mexicano y la solicitud de juicio político promovida por legisladores de Morena. Así, aunque el mensaje institucional parece claro: “Proteger elecciones, candidaturas y soberanía frente a riesgos externos”, es engañoso, porque el concepto de soberanía vuelve a usarse como una bandera del oficialismo como arma contra la oposición.
La suspicacia creció a partir de otras acciones que realizó el bloque oficialista: modificaron el dictamen de la reforma judicial para aprobar la reelección de los tres magistrados electorales que han demostrado ser incondicionales del oficialismo; ¿por qué torcer la ley para reelegir magistrados “a modo”, si Morena tiene la mayoría para nombrar a otros nuevos, al igual que lo hizo con los tres consejeros del INE?, ¿quisieron ahorrar tiempo o evitar conflictos internos?
Por otra parte, de último momento fue retirado el dictamen que modificaba la ley de medios de impugnación para reglamentar cómo se acreditaría la intervención extrajera, quién investiga, qué pruebas valen, qué procedimiento se sigue y cómo resolvería el Tribunal Electoral. Se dejó un margen de incertidumbre jurídica y, otra vez, consejeros y magistrados oficialistas podrían “interpretar” la letra de la Constitución, tal y como lo hicieron en la elección de 2024 para otorgar la sobrerrepresentación legislativa a Morena y sus aliados.
Con estos hechos queda claro, en primer lugar, que el Poder Legislativo está formalizando el uso de la soberanía nacional como un arma de represión política en contra de sus competidores electorales y, en segundo lugar, que con la reelección de la y los magistrados, se contradice la presidenta Sheinbaum, quien hace poco presentó la iniciativa para evitar la reelección de los legisladores, misma que fue aprobada para aplicarse en 2030, cuando se termine su sexenio.
Ciertamente, nadie duda que México necesita proteger su soberanía, pero también el debido proceso, el federalismo y la pluralidad política. La soberanía no puede ser selectiva. No puede ser una bandera para unos casos y silencio para otros. La verdadera defensa del Estado mexicano exige reglas claras y no persecuciones políticas disfrazadas de patriotismo.