Autocracia transexenal

Que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya propuesto una terna de tres mujeres para que el Senado elija como ministra a alguna de ellas para cubrir la vacante que se abrió por la incomprensible renuncia de Arturo Zaldívar, podría calificarse, desde la perspectiva de la lucha por la igualdad de género, como loable, pero no nos engañemos, esta propuesta no tiene relación con esa causa, y en cambio, representa una amenaza a la independencia del Poder Judicial, toda vez que las tres mujeres son militantes reconocidas del partido de Morena y muy cercanas colaboradoras del Presidente.

No obstante la falta de ética al proponer militantes partidarias, es cien por ciento seguro que se elija o designe ministra: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, o Lenia Batres Guadarrama, hermana del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o María Estela Ríos, funcionaria federal cercana al Presidente, desde que él era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Esto es debido a que, después de la reforma constitucional de 1994, el artículo 96 establece que el Presidente de la República tiene la facultad de enviar una terna al Senado, y éste tiene la obligación de elegir o rechazar, en un periodo de tiempo de 30 días, si no eligen a ninguna de las tres propuestas, la regresan al Presidente y él vuelve a mandar una terna por segunda vez, entonces, si la vuelven a rechazar,  López Obrador podrá nombrar a quien él quiera.

Cabe mencionar que, sin ningún rubor, el Presidente expuso públicamente, en varias ocasiones, en sus conferencias mañaneras, que la terna estaría integrada por personas incondicionales a él, porque dos de los cuatro ministros y ministras que él propuso al Senado, en el transcurso de este sexenio le fallaron y se volvieron “conservas”. Se refiere a Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quienes han sido sometidos a juicios sumarios una y otra vez, por el mismo Presidente ante sus seguidores. ¿De que los acusa? De que con su voto decidieron que la democracia perdure y el Estado de derecho se imponga por encima de los intereses del Presidente y de su partido, por ejemplo, no desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), o no permitir la militarización del mando de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, es decir, los señala de traidores por haber cumplido con su deber: defender la Constitución.

Con estos nombramientos de militantes de Morena en la SCJN (serían tres las ministras militantes o incondicionales al Presidente), López Obrador pretende controlar los tres órganos de poder político: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Recordemos que el periodo de los ministros es transexenal, luego entonces, el Presidente va a tener los tres votos que se requieren para frenar la defensa de la Constitución. Por otra parte, si Morena gana la elección presidencial, tendremos  una presidenta de la República que, hasta ahora, le ha demostrado una incondicionalidad total a López Obrador, así como lo han hecho los legisladores de Morena, PT y Verde Ecologista en el Congreso, quienes no se inmutaron durante esta legislatura para torcer la ley o para inventar quórum cuando no lo había, para aprobar los mandatos presidenciales.

En ese contexto, es previsible que la forma autoritaria de ejercer el poder político del Presidente no termine con su mandato, sino prevalezca en el siguiente sexenio si Morena y sus aliados logran ganar la Presidencia y la mayoría calificada en el Congreso; hoy ha sido la SCJN la que ha evitado la tiranía autocrática, porque tenía los votos necesarios para mantener el equilibrio de poder y con ello, defender la Constitución y el Estado de derecho.

Ante este escenario se antoja una pregunta ¿Los partidos opositores están reflexionando sobre la enorme responsabilidad que tienen en la elección de 2024?