Sin municipios no hay prevención
Sin lugar a dudas, a nivel federal han sido relevantes los esfuerzos por implementar una política pública de Estado sobre prevención social de la violencia y la delincuencia que impacte en el fortalecimiento del Estado de derecho en nuestro país. Actualmente se cuenta con una Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, la Ley de Prevención social de la violencia y la delincuencia,la comisión intersecretarial y el Pronapred.
Además, se destinan más de dos mil millones de pesos del presupuesto anual para realizar acciones específicas en las zonas prioritarias que se definen a partir de algunos factores de riesgo como son el porcentaje de delitos, la deserción escolar, el embarazo en adolescentes y la violencia contra mujeres, niños y jóvenes.
Por otra parte, las otras ocho secretarías participantes en la comisión intersecretarial han impulsado diversas acciones con sus propios recursos en todos los estados de la República, pero, esta política pública no puede ser exitosa si no se implementa desde el municipio. Así se encuentra consignado en el el Pronapred y, además, así lo marca la experiencia, tanto nacional como internacional. Por ejemplo, ahí está el caso emblemático de Ciudad Juárez.
Además, también existen evaluaciones de observatorios y organizaciones de la sociedad civil que determinan la importancia fundamental del trabajo desde el ámbito municipal, porque, justo ahí, es donde se tienen que implementar las acciones de reestructuración del tejido social, la cultura de la legalidad, el rescate de valores de los ciudadanos y la garantía de los derechos de las personas.
Sin embargo, no obstante que en los planes de desarrollo se encuentra reconocida la necesidad de trabajar la prevención social desde el ámbito municipal y con la participación ciudadana, ni una ni otra se impulsa de forma contundente. Faltan herramientas jurídicas, recursos económicos y voluntad política para lograrlo.
Al día de hoy, el marco jurídico existente en las entidades federativas es el siguiente: 26 tienen ley de participación ciudadana; 15 cuentan con ley de prevención de la violencia y la delincuencia; 15 con ley de fomento de las organizaciones sociales y civiles y dos entidades no cuentan con ninguna de las tres.
En relación con los recursos económicos, el panorama no es alentador, toda vez que hubo un recorte de más de 600 millones de pesos al fondo del Pronapred y éste, por su parte, sólo designa a unos cuantos municipios de más de 100 mil habitantes. Cabe considerar que, para elegir a estos municipios, lo primero que debe hacerse es medir algunos índices de violencia y delincuencia, pero los datos no siempre están actualizados de forma local.
Por ejemplo, si bien es cierto que existe publicada de forma periódica, la incidencia delictiva del fuero común y federal por entidad y por municipio, estos representan sólo los delitos denunciados pero, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la cifra negra se estimó en un 92% en el 2014 y, por otra parte, no existen datos actualizados de violencia contra ciertos sectores como el de mujeres, niños, jóvenes y migrantes.
Respecto a la coordinación entre la autoridad estatal y municipal, algunas veces, es muy pobre y, en el peor de los casos, es de confrontación. Muchas ocasiones se debe a diferencias políticas pero, sobre todo, por la falta de recursos para los municipios.
Finalmente, cabe mencionar que, si bien es cierto que a nivel federal se ha logrado una fuerte participación de organizaciones nacionales y agencias internacionales considerados como “aliados” en la estrategia de prevención social, en el ámbito local hace falta fomentar más la participación ciudadana, ya que, de acuerdo con el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil del Indesol, se tienen registradas 31 mil 619 OSC pero, de éstas, sólo 1,536 corresponden a la categoría 18 (Fortalecimiento del Tejido Social y Seguridad Ciudadana) y la mayoría concentran su trabajo en aquellos lugares que ya tienen las herramientas jurídicas y económicas para participar, siendo el Estado de México, Chihuahua y California las entidades más beneficiadas.
El reto es todavía más grande si consideramos que para solucionar la problemática se requiere de mayores recursos de la Federación y, sobre todo, de una coordinación entre gobernadores y presidentes municipales involucrados. Pero, ante todo, es indispensable que se considere la posibilidad de un programa emergente con recursos económicos extraordinarios para los municipios y con una mayor coordinación de las autoridades de seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia en los tres ámbitos de competencia.