El narcotráfico y los jóvenes
Resulta un despropósito, por decir lo menos, que aquellos actores que se oponen al gobierno no reconozcan que la detención de El Chapo es un símbolo del combate a la impunidad. Existen diversas teorías que explican cuáles son los factores de riesgo que propician que una comunidad sea altamente violenta. Pero, cuando menos en los últimos años, la violencia en nuestro país es equivalente a narcotráfico.
Como ejemplos emblemáticos tenemos el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o el recién asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota. Aunque este problema no es privativo de nuestra nación, las condiciones geográficas favorables para producir ciertas drogas y la cercanía con un país altamente consumidor, han hecho de esta ilícita actividad una industria muy rentable, no sólo para los que encabezan las bandas de narcotráfico, sino también para aquellos que se involucran en el lavado de dinero. Pero, si bien es cierto que algunas personas se enriquecen con el tráfico de drogas, hay sectores de la población que padecen mayormente las consecuencias negativas. Tal es el caso de los jóvenes que, ante esta problemática, voluntaria o involuntariamente, desempeñan un papel protagónico, ya sea como víctimas o victimarios.
Ahora bien, los jóvenes no sólo son víctimas de los actos violentos en los que pudieran verse involucrados por narcotráfico. Muchas veces, también son víctimas de delitos derivados de la delincuencia organizada que se dedica al secuestro, la trata de personas y el tráfico de órganos. Lamentablemente, no hay cifras ni datos puntuales por entidad para poder dimensionar la magnitud de esta problemática. Pese a ello, según la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 del Inegi, el monto de la población joven de 15 a 29 años asciende a 29.9 millones. De acuerdo con las estadísticas de defunciones, en 2013 fallecieron 34 mil 509 jóvenes (5.6%), de los cuales, al menos, una tercera parte eran mujeres (27.7%). En el caso de los varones, las tres principales causas de muerte son: 28.7% por agresiones, 17.2% por accidentes de transporte y 7.2% por heridas auto infligidas (suicidio).
Por otra parte, en lo que se refiere a los jóvenes como principales agresores, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2015) señala que el 23.5% de los homicidios fue cometido por jóvenes de 25 años y menos. También, de acuerdo a la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, durante el 2014, se generaron 19.8 millones de delitos y actos de maltrato asociados a 4.5 millones de víctimas de 12 a 29 años. Si a estas cifras sumamos los desaparecidos de entre 12 a 25 años, seguramente, la cantidad se incrementaría.
Por estas razones, de ninguna forma, se justifica hacer apologías de los personajes que dirigen las bandas más sanguinarias de la historia moderna del narcotráfico en nuestro país. Por el contrario, es necesario que rescatemos buenas prácticas, tanto internacionales como nacionales, para enfrentar la violencia que ha crecido de forma alarmante en estados como Guerrero, Morelos, Michoacán y Tamaulipas.
Ya hablamos en este espacio sobre la experiencia de Palermo, pero existen otras similares, como es el caso de Johannesburgo en Sudáfrica, en donde se desarrolló el proyecto lmado “Ciudades Seguras”, para enfrentar la oleada de crímenes que azotaba al país africano en la década de los años 90, del siglo pasado, colocándola, incluso, como el lugar más violento del mundo. Otro ejemplo representativo es el de Medellín, Colombia, en donde se promovió la paz a través de los Comités vecinales para la convivencia.
Pero, quizá, un modelo más fácil de replicar en lo inmediato, es el adoptado en Ciudad Juárez. Esta buena práctica, que se sigue impulsando en otros municipios de Chihuahua, logró disminuir en un corto plazo la alta incidencia de violencia que, desde hace un par de décadas atrás, se manifestaba. El modelo consiste en un programa integral de intervención primaria, secundaria y terciaria. Requiere de presupuestos especiales, así como del apoyo de todos los sectores, principalmente, el de las organizaciones civiles y empresariales que aportan recursos económicos para financiar programas de policías de excelencia y de generación de empleo para jóvenes. El éxito de este modelo se encuentra cimentado en la corresponsabilidad entre una autoridad y una ciudadanía, quienes de forma cotidiana, se organizan para darle seguimiento a la política pública de combate a la impunidad por medio de mesas y consejos de seguridad y justicia.