El fin del Título 42: una crisis migratoria que no fue

El pasado 11 de mayo, el gobierno de Estados Unidos decidió poner fin a la emergencia de salud pública por covid-19. Dicha decisión terminó también con la política migratoria conocida como Título 42, que desde mayo del 2020 limitaba el acceso de personas migrantes o solicitantes de asilo a EU. Ante el fin de dicha política, la opinión pública auguraba un éxodo masivo de personas migrantes que se traduciría en una situación caótica en la frontera de México con EU. Dicha crisis no sucedió.

Algunas proyecciones que señalaban hasta 15,000 cruces diarios en la frontera norte no tuvieron lugar. En contraste, observamos flujos migratorios irregulares significativamente a la baja. No sólo los movimientos de personas migrantes no incrementaron, sino que, por ejemplo, en el caso de personas venezolanas, los flujos disminuyeron en 89%, mientras que en el caso de nacionales colombianos la cifra decreció hasta un 60 por ciento. Por instrucciones del secretario Ebrard, la Dirección General de Protección Consular y nuestros consulados en frontera han trabajado también para advertir los peligros de la migración irregular de personas mexicanas, quienes, por desgracia, sufren serios accidentes al intentar ingresar a EU, así como para velar por sus derechos humanos en los casos en que son detenidos por la autoridad estadunidense. La crisis que evitamos es también fruto del diálogo y las acciones acordadas entre los presidentes López Obrador y Biden. Ese diálogo de alto nivel ha permitido abrir un número histórico de vías de movilidad laboral, una prioridad en materia migratoria del gobierno de México. Destaco el memorándum de entendimiento firmado en el margen de la X Cumbre de Líderes de América del Norte entre México y EU, así como el programa piloto que lanzamos con autoridades canadienses de Columbia Británica sobre movilidad para trabajadores y trabajadoras mexicanas en el sector turístico.

A partir de estos y otros esfuerzos, alcanzamos la cifra récord de 360,656 visas H2A y H2B para personas mexicanas. Se ampliaron, además, en 64,716 las visas H2B para personas del norte de Centroamérica, mientras que estimamos 360,000 permisos humanitarios y 100,000 permisos de reunificación familiar que permiten un acceso ordenado, seguro y regular a EU.

Asimismo, bajo la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección —misma que este mes cumplirá un año de haber sido adoptada por más de una veintena de países americanos y caribeños—, México encabeza el grupo de trabajo de movilidad laboral. En dicho comité están presentes Canadá y EU, al igual que Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, así como agencias de las Naciones Unidas, como Acnur, OIM, OIT y Unicef, entre otras. En ese sentido, la robusta agenda de trabajo que tenemos con dichos organismos también es fundamental para el adecuado funcionamiento de las nuevas vías de movilidad laboral en la región.

Por ejemplo, trabajamos con la OIM y el gobierno canadiense para establecer un corredor de reclutamiento ético para trabajadores y trabajadoras mexicanas en Columbia Británica. Con la misma agencia suscribimos un proyecto para mejorar nuestra gestión fronteriza y actualizar nuestro sistema de visados. En el sur estamos construyendo, con Comar, Acnur y Amexcid, un centro multipropósito para personas refugiadas y migrantes en Tapachula, Chiapas. Además, pusimos en marcha un grupo de trabajo con la Acnur, OIM, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Unicef para reforzar nuestra respuesta humanitaria, fortalecer a los albergues de la sociedad civil y acoger adecuadamente a las y los migrantes y refugiados en México.

Ante un panorama migratorio complejo y en constante evolución, las acciones regionales deben adecuarse a los cambios en la coyuntura. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de EU, así como con las agencias del sistema de la ONU y otros países bajo la Declaración de Los Ángeles para abrir nuevas y mejores vías de movilidad laboral, aumentar las medidas de protección para personas migrantes y refugiadas y también para garantizar el principio internacional de acceso al refugio. En este sentido, el compromiso del gobierno de México es claro y sus resultados son palpables.