El pasivo de los mexicanos
En toda la cadenaproductiva de los hidrocarburos, Pemex contrata proveeduría privada.
Entre los muchos mitos del estatismo nacionalista, cuatro son especialmente recurrentes sobre Pemex: primero, que es una empresa pública (en cuanto a su condición de pertenencia patrimonial al Estado, no en el sentido de que sus acciones pueden ser adquiridas por cualquier inversionista en el mercado de valores); segundo, que es de todos los mexicanos; tercero, que es un modelo autosuficiente que garantiza que la renta petrolera se quede en el país y, cuarto, que es económicamente eficiente y socialmente rentable. Estas cuatro características se repiten como mantra por los opositores a la apertura del mercado energético y, en particular, por quienes se resisten a que la iniciativa privada complemente los esfuerzos del Estado para ampliar la oferta de hidrocarburos, gasolinas, gas y electricidad, en un contexto de competencia efectiva que induzca a todos los jugadores, públicos y privados, a innovar y a mejorar calidades y precios.
Pero estos cuatro mitos no resisten una prueba de ácido. Pemex no es jurídicamente una empresa pública. Esa figura no existía antes de que la Reforma Energética incorporara a la Constitución el régimen de empresa pública productiva. En el sector público, el único equivalente relativamente cercano es la empresa de participación estatal mayoritaria, cuya característica es que los particulares pueden ostentar hasta 49% del capital social, pero en ningún caso su control. Pemex es, según su ley, un organismo descentralizado: en cuanto tal, su mandato no estaba orientado a la maximización de sus utilidades y, además, se encontraba sujeto a las reglas presupuestales y administrativas de cualquier órgano del Estado. Pemex tampoco es de todos los mexicanos: a marzo de 2013, el pasivo laboral equivalía a 64.3% del valor de los activos totales. Si en este momento se tuviera que liquidar ese pasivo y para ello se tuviera que disponer de los activos, la mayor parte del patrimonio de Pemex se agotaría en esas obligaciones. En consecuencia, es un eufemismo afirmar que Pemex nos pertenece a todos. En los hechos, es ya prácticamente propiedad de sus trabajadores. Pemex requiere de privados para ejecutar sus actividades. En toda la cadena productiva de los hidrocarburos, Pemex contrata proveeduría privada, desde la exploración hasta el transporte y la comercialización, pero sólo 18% de esa contratación tiene componente nacional, es decir, sólo en esa proporción se genera derrama directa a proveedores mexicanos. Salvo Pemex Exploración y Producción (PEP), todas sus subsidiarias reportan números rojos. Las pérdidas de Pemex Refinación casi triplican las utilidades de PEP. La deuda total del organismo es, contando el pasivo laboral, del orden de 140 mil millones de dólares, aproximadamente 10% del PIB de México o todo el PIB de Hungría.
La Reforma Energética transformó a Pemex en una verdadera empresa propiedad del Estado: en justo lo que una buena parte del imaginario cree y repite que es, pero que nunca ha sido. No es un cambio menor. Supone que Pemex deberá orientar sus esfuerzos a aumentar sus ingresos y disminuir sus costos, precisamente para ensanchar sus utilidades. A diferencia de un organismo descentralizado, podrá asumir más riesgos y tomar decisiones más audaces de inversión. Dejará, en efecto, de ser el único agente económico en la explotación de hidrocarburos. Tendrá que competir, ciertamente con la ventaja de las adjudicaciones preferentes (ronda cero). Podrá asociarse con otros para complementar inversiones, compartir costos o adquirir tecnología. Deberá ser más transparente para obtener socios o inversionistas y más exigente en todos sus procesos para ser eficiente y atractiva.
Esta transformación plantea una cuestión que no puede obviarse: ¿en qué condiciones financieras nacerá la nueva empresa pública y se enfrentará al mundo de la competencia? Con su actual estructura de costos, su régimen fiscal y el pasivo laboral que carga, su futuro no será nada promisorio. Debe aligerarse de cargas y sanearse, si efectivamente queremos que sea económicamente eficiente y competitiva. El problema no es si convertimos o no en deuda pública el pasivo laboral de Pemex, sino cómo evitamos que los mexicanos sigamos pagando sus ineficiencias, costos y pasivos. Desafortunadamente no tenemos opción como país: ese pasivo es de todos los mexicanos, porque decidimos, hace muchos años, dejar en manos del Estado el mercado energético, con todas las distorsiones que implica ese modelo económico. La nuez de la decisión es, pues, que Pemex no nos cueste en el futuro lo que ya nos cuesta hoy. Porque Pemex es, en las buenas y en las malas, responsabilidad de todos los mexicanos.
*Senador de la República
Twitter: @rgilzuarth