Hay hechos que nunca deberían volverse rutinarios. La muerte de un migrante mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos es uno de ellos. Más allá de la investigación que deberá esclarecer responsabilidades y de las reacciones diplomáticas y políticas que inevitablemente provoca un caso así, hay una pregunta que merece permanecer una vez que los reflectores se apaguen: ¿qué ocurre con una sociedad cuando este tipo de noticias deja de sorprenderla?
Las democracias suelen medirse por la solidez de sus instituciones, la celebración de elecciones o el respeto al Estado de derecho. Sin embargo, desde la teoría política existe una prueba quizá más exigente: la forma en que responden frente a quienes no son reconocidos plenamente como parte de su comunidad política.
El historiador Benedict Anderson sostenía que las naciones son, en buena medida, comunidades imaginadas. Millones de personas que jamás se conocerán comparten un sentimiento de pertenencia que les permite reconocerse como parte de un mismo “nosotros”. Esa idea explica la solidaridad, el sentido de identidad nacional e incluso la disposición a hacer sacrificios por desconocidos. Pero también ayuda a entender algo menos cómodo: toda comunidad imaginada establece un límite. Define quién pertenece y quién queda fuera.
El migrante habita precisamente ese espacio ambiguo. Está físicamente dentro del territorio, pero simbólicamente fuera de la comunidad. Esa exclusión tiene consecuencias profundas. Como advirtió Hannah Arendt, el primer derecho es, en realidad, el derecho a tener derechos. Cuando una persona deja de ser reconocida como parte de una comunidad política, incluso los derechos que llamamos universales comienzan a perder eficacia. No desaparecen en el papel; se debilitan en la práctica.
Quizá por eso las palabras importan tanto. Antes de que una sociedad normalice la violencia, suele normalizar el lenguaje que la hace imaginable. Durante años, el discurso político y mediático ha ido sustituyendo nombres e historias por categorías: “ilegales”, “oleadas”, “crisis fronteriza”, “invasión”. Poco a poco dejamos de hablar de personas y comenzamos a hablar de problemas que administrar. El migrante deja de ser un individuo con familia, miedos y proyectos para convertirse en una categoría política.
Y cuando alguien se convierte en una categoría, resulta más fácil aceptar que sus derechos también puedan convertirse en una excepción.
El sociólogo Zygmunt Bauman llamó a este fenómeno la producción de vidas desperdiciadas. La modernidad, sostenía, no sólo genera riqueza y progreso; también produce poblaciones consideradas sobrantes: refugiados, desplazados, migrantes indocumentados. Personas para las que el sistema parece no encontrar un lugar y que terminan tratadas como residuos que deben contenerse, deportarse o simplemente desaparecer del horizonte público.
Quizá esa sea una de las expresiones más inquietantes de la modernidad líquida. No sólo consumimos información a una velocidad inédita; también consumimos el dolor ajeno. Cada tragedia ocupa nuestra atención durante unas horas antes de ser desplazada por el siguiente escándalo, la siguiente polémica o el siguiente video viral. La memoria pública se ha vuelto tan fugaz como el movimiento del dedo sobre la pantalla.
Por eso el problema no se agota en la actuación del agente que, amparado por una placa y un arma, hizo un uso letal y desproporcionado de la fuerza frente a una persona en total vulnerabilidad. Ese hecho debe investigarse con rigor y, de acreditarse responsabilidades, sancionarse conforme a la ley. Pero reducir la discusión a la conducta de un solo individuo sería ignorar el contexto que hace posible que estas tragedias se repitan sin alterar demasiado nuestra conciencia colectiva.
Toda violencia estatal tiene un ejecutor. Pero también necesita una sociedad que deje de verla como excepcional.
La rapidez con la que olvidamos estas historias no es un accidente menor. Es el síntoma de una época que ha aprendido a convivir con aquello que antes habría considerado intolerable. Quizá sea también una forma de evitar una pregunta incómoda: ¿qué dice de nosotros un sistema político que, en nombre de la seguridad, el orden o incluso el bienestar colectivo, termina produciendo formas de violencia que recaen, una y otra vez, sobre quienes ocupan los márgenes de la comunidad? Resulta más sencillo pasar al siguiente tema que preguntarnos cuánto estamos dispuestos a tolerar cuando esas vidas dejan de parecernos plenamente nuestras.
Las democracias no sólo se deterioran cuando el Estado ejerce violencia desproporcionada contra quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. También se erosionan cuando esa violencia deja de conmover a la sociedad que dice creer en la igualdad, la dignidad humana y los derechos universales.
Hay noticias que nunca deberían convertirse en rutina. Porque toda violencia estatal tiene un ejecutor, pero también necesita una sociedad que deje de verla como excepcional. El día que la muerte de un migrante a maoknos del Estado apenas consiga detener nuestra atención antes de ser sustituida por el siguiente titular, el problema ya no será únicamente la violencia de un agente o de una institución. Será el silencio de una comunidad que, casi sin darse cuenta, aprendió a convivir con lo que nunca debió aceptar como normal.