Confusiones sobre la Reforma Energética
El debate parlamentario es el antagonismo institucionalizado. Un pleito pacífico, reglado, limitado por el tiempo, sujeto a un desenlace votado. Duelo con armas permitidas y prohibidas, lucha en cuadrilátero con referís y jueces, intercambio de golpes sólo en áreas ...
El debate parlamentario es el antagonismo institucionalizado. Un pleito pacífico, reglado, limitado por el tiempo, sujeto a un desenlace votado. Duelo con armas permitidas y prohibidas, lucha en cuadrilátero con referís y jueces, intercambio de golpes sólo en áreas permitidas del cuerpo para vencer, pero no para aniquilar al adversario.
El régimen democrático asume un compromiso fuerte con la deliberación. La decisión democrática no es el veredicto autómata de los votos, sino resultado de la dialéctica que plantea el problema y sus soluciones. El consentimiento presupone razón expuesta y compartida y, en consecuencia, diálogo, confrontación crítica de posiciones y argumentos, ponderación meditada de convicciones morales, políticas o económicas. La dimensión deliberativa de la democracia asocia la legitimidad de la decisión con la discusión libre, racional y pública. La validez ética de lo votado en función de las condiciones de participación y de interacción de los potencialmente afectados.
Pero la deliberación democrática no es la reflexión desinteresada e iluminada entre ciudadanos plenamente racionales, libres de prejuicios y ajenos a preferencias. Las posiciones parciales nunca son neutras. Podrán formularse con mayor o menor intención de objetividad e imparcialidad, pero responden a visiones e interpretaciones de la realidad que se recrean en la inevitable pluralidad. La discusión tampoco es el reino de la racionalidad. La argumentación política no está exenta de recursos retóricos, formas de ocultar la parcialidad, medias verdades o medias mentiras. ¿Cómo entonces la deliberación, bajo las circunstancias del interés y los límites formales de la racionalidad, hace más legitima la decisión? Por su tendencia a confrontar la validez del argumento, a develar la intención y la confusión en la posición, a reducir la brecha entre los entendimientos.
El debate parlamentario sobre la Reforma Energética ni es de reciente surgimiento ni se ha evadido. En los últimos 20 años ha sido el nudo de la tensión ideológica en el sistema de partidos. Nadie puede decir que la decisión constitucional, primero, y las leyes de desarrollo después, se aprobaron sin discusión o, peor aún, en un contexto de exclusión o coacción que haga ilegítimo el resultado. Ha sido eficaz para visibilizar las posiciones a favor y en contra y, en consecuencia, para hacer posible el juicio ciudadano. Afirmar que se ha hecho en la oscuridad es la coartada de los que pretenden sustituir los canales de la representación política por las bacanales del asambleísmo.
Pemex y la CFE no se venden ni se privatizan. La propiedad privada, comunal o social no se expropia para la utilidad privada. Las actividades agrícolas, ganaderas o mineras no quedarán desplazadas por la rapiña por el petróleo o el gas. La renta petrolera no se entrega a los extranjeros. El Estado mexicano no pierde la rectoría energética. Los pozos transfronterizos no serán propiedad del imperialismo yanqui. La fractura hidráulica no quedará exenta de los controles ambientales vigentes. No desaparecen los subsidios a la energía eléctrica. No se cumplirá, en suma, ninguno de los vaticinios y tragedias nacionales de la retórica estatista que quiere mantener los privilegios políticos, empresariales y sindicales que el modelo monopólico ha generado por décadas.
La Reforma Energética es una política de apertura de mercado para quitar las ataduras a la oferta. El modelo vigente no permite aprovechar el potencial energético del país, inhibe la transferencia tecnológica, no alienta la inversión complementaria y la generación de empleos, desincentiva la innovación y la disposición de sustitutos energéticos más baratos, más eficientes y más limpios.
La diferencia ideológica central en torno al modelo energético es sobre la relación del Estado con el mercado. La vieja discusión del mundo bipolar. Ese dilema que resolvió de forma pragmática la socialdemocracia que arribó al poder a finales de la década de los ochenta y en la de los noventa. El dogma que la izquierda mexicana repite en sus discursos pero que olvida cuando expropia terrenos para otorgar concesiones viales o cuando encomienda a particulares la generación de energía eléctrica a partir de la basura. El atavismo que ha paralizado el desarrollo y el crecimiento económico.
El Estado es mal empresario. Su función es regular el mercado, asignar derechos y obligaciones y vigilar su cumplimiento. El Estado explorador, productor, refinador, distribuidor, comercializador de energéticos es un modelo agotado, incapaz de satisfacer la demanda de una economía cada vez más diversificada y abierta. La alternativa no está en la retirada de lo público en esos mercados, sino el redimensionamiento de sus grados de intervención. Inversión privada complementaria en un marco efectivo de competencia y de certeza jurídica, empresas públicas más eficientes, órganos reguladores fuertes. De eso se trata la reforma que el PAN impulsó, que el PRI tuvo que conceder y a la que el PRD se opuso en su fatigada añoranza estatista.
*Senador de la República
Twitter: @rgilzuarth