La inteligencia artificial también tiene sed

Le pedimos a una inteligencia artificial que resuma un documento o nos ayude a escribir un correo. La respuesta aparece en segundos y cerramos la pantalla. Cuesta imaginar que ese gesto tenga algo que ver con una cuenca o con el abasto de agua de una ciudad. La palabra “nube” ha hecho muy bien su trabajo. Nos acostumbró a pensar que lo digital ocurre lejos de la tierra.

El 14 de octubre, la Agencia Internacional de la Energía publicó un informe que devuelve esa discusión al suelo. Cerca de 40% de la capacidad identificada de centros de datos dedicados a IA se encuentra en zonas con estrés hídrico alto o extremadamente alto. El dato mide su exposición a la escasez, que ya afecta esos territorios. Aun así, obliga a preguntarse qué significa seguir creciendo donde el agua ya está comprometida.

Los servidores producen calor y necesitan enfriarse. Algunos sistemas utilizan agua; otros reducen ese consumo a cambio de una mayor demanda eléctrica. También hay agua involucrada en la generación de electricidad. Por eso, la huella depende de la tecnología, del lugar y de la fuente de energía. Una instalación eficiente en una región puede ser una mala decisión en otra. 

México debería discutir esto antes de celebrar cada anuncio de inversión. En su actualización de 2024, Conagua reportó una disponibilidad anual negativa de aproximadamente 65.6 millones de metros cúbicos en el acuífero Valle de Querétaro. Es un desequilibrio previo que ninguna promesa tecnológica puede borrar. Un anuncio de inversión no recarga un acuífero.

La oportunidad económica existe. México puede atraer infraestructura, desarrollar proveedores y formar profesionales capaces de participar en una industria de enorme valor. Pero alojar servidores no garantiza aprender a diseñarlos ni desarrollar los sistemas que utilizan. Hace falta preguntar qué conocimientos y oportunidades quedarán aquí, además de los edificios. La distancia entre recibir inversión y construir desarrollo se mide en lo que un país aprende a hacer por sí mismo.

También importa quién paga. Pensemos en un centro de datos que necesita una nueva subestación y ampliar la red eléctrica. Si esos costos se distribuyen entre todos los usuarios, una familia puede terminar financiando parte del proyecto mediante su recibo. Si la empresa cubre lo que le corresponde y aprovecha infraestructura disponible, puede ayudar a repartir mejor los costos del sistema. La AIE reconoce ambos escenarios. El efecto depende de las reglas y de las condiciones de cada proyecto. 

Desde el derecho de los negocios, la discusión empieza bastante antes de la inauguración. Los contratos deberían establecer quién financia las obras y qué sucede si el proyecto se reduce o se abandona. El permiso ambiental debería permitir verificar el consumo y la procedencia del agua, junto con las medidas previstas para una sequía. La comunidad tendría que conocer las consecuencias antes de encontrarse con las máquinas encendidas.

Para las propias empresas, esa claridad tiene valor. Una inversión que depende de agua incierta o de acuerdos políticos frágiles arrastra riesgos durante toda su operación. Los compromisos verificables permiten anticipar conflictos y calcular mejor los costos. Una autorización puede habilitar una obra; difícilmente sustituye la confianza de quienes tendrán que vivir junto a ella.

Aquí conviene evitar una salida cómoda. Culpar al usuario por pedirle ayuda a una IA deja fuera las decisiones que determinan el impacto de esa consulta. La ubicación de las instalaciones, su diseño y la manera de abastecerlas se deciden entre empresas y autoridades. Ahí deben concentrarse las exigencias de información y la negociación de responsabilidades. El consumidor puede elegir mejor cuando dispone de datos, pero no diseña una red eléctrica desde su teléfono.

México necesita una política que evalúe estas inversiones por lo que aportan y por lo que demandan de cada territorio. Debería favorecer proyectos que financien mejoras de infraestructura, utilicen agua tratada cuando sea viable y generen vínculos con universidades y empresas locales. También tendría que reconocer los lugares donde la disponibilidad de recursos obliga a cambiar de ubicación o de diseño. Negociar condiciones exige más trabajo que organizar una ceremonia de inauguración.

Podemos aprovechar la inteligencia artificial para producir mejor y ampliar el conocimiento. Para hacerlo con seriedad, habrá que incorporar a la conversación a quienes administran el agua y a quienes dependen de ella. La nube tendrá propietarios, contratos y rendimientos. Debajo seguirán viviendo personas para quienes el futuro también se mide en el agua que sale de la llave.