La Universidad Autónoma del Algoritmo y el hombre-masa

México debe ser el país con mayor número de expertos por kilómetro digital. Basta abrir TikTok, Instagram o Facebook: especialistas a sueldo en perseguidos políticos y prófugos de la justicia; fiscales espontáneos que determinan culpabilidades; expertos en narcotráfico, huachicol, corrupción, medicina, seguridad, economía, política, educación, elecciones, izquierdas, derechas, futbol y relaciones internacionales. 

Algunos resuelven un expediente penal durante el desayuno, explican la economía a mediodía y antes de dormir ya reorganizaron el mundo. ¿Sus fuentes? Internet: un video basado en otro video que cita una publicación tomada de una cuenta que asegura tener “un informante dentro”.

José Antonio Marina sostiene una idea incómoda pero necesaria: las personas y su derecho a expresarse merecen respeto; las opiniones pueden cuestionarse, confrontarse y refutarse. Tener derecho a opinar no significa tener razón. Menos por los likes.

José Ortega y Gasset describió en 1930 algo sorprendentemente parecido. En La rebelión de las masas llamó “hombre-masa” no al pobre ni necesariamente al ignorante, sino al individuo satisfecho intelectualmente consigo mismo, incapaz de reconocer los límites de lo que sabe y dispuesto a pronunciarse sobre aquello que desconoce.

Ortega y Gasset murió antes del teléfono inteligente, pero habría contemplado las redes como el laboratorio perfecto de su teoría. El hombre-masa contemporáneo ya no necesita tomar la plaza pública ni escribir tratados: le bastan un celular, un aro de luz, Wi-Fi y absoluta seguridad frente a la cámara. La confianza que da la ignorancia.

No culpemos a internet. Las redes democratizaron la palabra, rompieron monopolios informativos, exhibieron abusos, permitieron denunciar al poder y dieron voz a millones antes excluidos de la conversación pública. Eso es profundamente democrático. El problema apareció cuando confundimos democratizar la palabra con democratizar el conocimiento.

Leer tres publicaciones sobre derecho penal no convierte a nadie en penalista. Ver documentales sobre narcotráfico tampoco hace experto en seguridad nacional. Internet creó, además, una curiosa institución: la Universidad Autónoma del Algoritmo. Ahí, cien mil seguidores equivalen a licenciatura; un millón, a maestría; y diez millones de reproducciones conceden doctorado honoris causa en cualquier disciplina.

Pero viralidad no significa verdad. Muchas veces sólo significa propaganda sensacionalista. Una falsedad no se vuelve cierta por alcanzar cinco millones de reproducciones. En política, las consecuencias son mayores. Las redes ya tienen ministerios públicos, tribunales y sentencias. Ahí se decide quién es corrupto, narcotraficante, perseguido político, traidor, delincuente o inocente sin conocer siquiera un expediente. El Estado de derecho exige investigaciones, pruebas, defensa y tribunales. El tribunal digital necesita veinte segundos, música dramática y dos palabras mágicas: “¡Última noticia!” o “¡Bombazo!”

Sería absurdo meter a todos los creadores digitales en el mismo costal, aunque la enorme mayoría integrante de la comentocracia conservadora y la ultraderecha mexicana parecieran empeñados en convertirse en personajes de este texto.

Existen periodistas, científicos, médicos, juristas, economistas, historiadores y divulgadores extraordinarios que acercan conocimiento. También ciudadanos sin títulos especializados que investigan con rigor y hacen preguntas que el poder preferiría no contestar. La diferencia no está en tener una cédula para hablar, sino en la responsabilidad para hacerlo. La democracia necesita libertad de expresión, crítica y millones de voces. Pero también algo que ningún algoritmo puede sustituir: criterio.

Nunca tuvimos tanto conocimiento al alcance de la mano ni fue tan fácil confundir tener internet con saber.

El hombre-masa del siglo XXI tiene celular, cámara, seguidores y algoritmo. A veces, lo único que le falta para comenzar a saber es aprender a decir: “no sé”.