Reforma judicial a debate

La elección de miembros del Poder Judicial no debe politizar las resoluciones jurisdiccionales. Son dos cosas completamente diferentes. La democratización de los cargos públicos debe entrar a un debate profundo.

• El respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial no está a discusión, han sido logros de décadas, donde las prestaciones sociales son parte de la lucha laboral del personal sindicalizado y de confianza.

La discusión más importante debe centrarse en la división de poderes. De ahí ha nacido la discordia. Las facultades de la Corte y de personas juzgadoras federales respecto a actos de gobierno y en contra de leyes emitidas por el Poder Legislativo han sido el centro de atención, donde las y los juristas, utilizando la doctrina, la práctica y la innovación, debemos analizar hasta dónde y en qué casos los alcances violentan la independencia de cada poder. Si bien es cierto que hoy precisamente la legislación lo contempla como un dique para el equilibrio del poder, su aplicación práctica se ha interpretado, más que como contrapeso, como una moneda de cambio donde lo político, lo electoral y lo económico se han priorizado sobre el bien común.

La separación de poderes, la independencia y la legitimidad de sus distintos actos jurídicos tampoco pueden confundirse como violación a la norma, pero el árbitro debe contar con un mínimo de sentido social en la interpretación de la ley, y que no se utilicen los métodos para beneficiar a particulares o personas morales a través de actos mercantilistas, es prudente y necesaria la reforma judicial para cambiar la percepción popular que hoy, de manera genérica, mantiene al Poder Judicial con un 98% de impunidad a nivel nacional, tanto en el orden federal como en el local, según un análisis elaborado por la prestigiada organización World Justice Project que cada año emite el Índice del Estado de Derecho en México, señalando a nuestro país con ese penoso resultado.

Además de la división de poderes, en la elección de ministras, ministros y personas juzgadoras federales y locales, podrán participar los actuales titulares y todos aquellos que se consideren con la experiencia y conocimiento suficientes para la alta responsabilidad que hoy tienen, además, yo incluiría a los secretarios de juzgado que, con las y los proyectistas, son quienes comúnmente realizan los proyectos de sentencias que las personas juzgadoras se limitan a firmar.

Este es uno de los muchos temas que se deben abordar para el inicio de la gran reforma.

Los diálogos nacionales en el ejercicio del parlamento abierto están recogiendo a nivel nacional la opinión de expertos, el ejercicio que algunos políticos están realizando para dar a conocer la reforma debe estar acompañado de argumentación jurídica, es un tema especializado que reviste la imperiosa necesidad de peritos en la materia, no sólo es publicidad, es viabilidad en la operatividad del Poder Judicial, desde lo cronológico, con distintas “vacatio legis” que deben diferenciar su cumplimiento.

• Más allá de la intención política, lo que se busca es hacer de este ejercicio una justicia con más alcance a la población y donde el Poder Judicial convierta ese 98% que hoy tiene de percepción de impunidad en un paulatino incremento de justicia plena para quien la necesite, no solamente quien pueda pagar por ella.