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Marchas y acarreados

Ricardo Peralta Saucedo

Ricardo Peralta Saucedo

México correcto, no corrupto

 

Antes de la creación del Instituto Nacional Electoral, anteriormente Instituto Federal Electoral, y hasta 1990, las elecciones en México las organizaba la Comisión Federal Electoral, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. El 11 de octubre de 1990 se constituyó oficialmente el IFE para dotar de certeza, transparencia y legalidad las elecciones en nuestro país. Comenzó a tener ciertas atribuciones como el órgano encargado de expedir un nuevo padrón electoral, brindar a la población una nueva credencial para votar y, al mismo tiempo, su reconocimiento de validez como documento oficial.

Sin embargo, el IFE, pese a haberse creado como un organismo imparcial, seguía dependiendo del gobierno e incluso era el propio secretario de Gobernación quien encabezaba el organismo. No fue sino hasta 1996 cuando se separó definitivamente del Poder Ejecutivo, a través de una reforma constitucional que pretendía ciudadanizar el instituto.

Tuvo que pasar la elección de 2006, en donde, tras una campaña negra, con la que se pretendió asustar al electorado, la diferencia entre el primer lugar, Felipe Calderón, y el segundo, Andrés Manuel López Obrador, fue de tan sólo 0.56%, además de la negativa del IFE de abrir la totalidad de las casillas para recuento de votos, como lo pedía la coalición Por el Bien de Todos. En 2007 de nueva cuenta se llevó a cabo una reforma electoral, ahora modificando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que otorgó al instituto 53 atribuciones más, con objetivos de fortalecer la confianza y credibilidad ciudadana en las elecciones; promover la participación ciudadana; asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales.

Después de 7 años, en el marco del “Pacto por México” y las mal llamadas reformas estructurales, volvió a haber una reforma electoral de gran calado, se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para dar paso a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Instituto Federal Electoral se transforma en el Instituto Nacional Electoral, además de que hubo grandes cambios en al menos 6 ejes temáticos: régimen de gobierno; autoridades electorales; régimen de partidos; fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña; comunicación política; instrumentos de participación ciudadana.

Este domingo 13 de noviembre se llevó a cabo la “marcha en defensa del INE”, donde lo que se pudo percibir fueron grandes manifestaciones de evidente acarreo de otros estados a la Ciudad de México; personas que no sabían el motivo de la convocatoria, pero que acudieron obligadas, muchas de las personas que acudieron lo hicieron con total desconocimiento del contenido de la reforma electoral que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador; fue una marcha que no cumplió las expectativas de sus promotores y que estuvo articulada por discursos de odio y racismo disfrazado de democracia, características inherentes a la derecha mexicana.

La reforma electoral que se discutirá no pretende desaparecer al INE, por el contrario, en términos generales plantea lo siguiente:

1.- La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). 2.- Democráticamente se elegirá a los consejeros y magistrados electorales. 3.- Desaparición de todos los organismos políticos locales electorales y sus correspondientes tribunales. 4.- Reducir el número de diputados locales, regidores municipales y concejales de alcaldías, pasar de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 96 senadores de la República. 5.- Como en otros países, implementar el voto electrónico. 6.- Reducir el tiempo de promoción de los partidos políticos y autoridades electorales en radio y televisión. 7.- Hacer que la revocación de mandato sea vinculante, disminuyendo el porcentaje mínimo necesario a 33% de participación ciudadana. 8.- Reducir el financiamiento público de partidos políticos y mantener el presupuesto solamente para las campañas electorales.

Toda institución es susceptible de reforma y de fortalecimiento, ninguna puede ni debe permanecer intacta, sobre todo cuando hay constancia de excesos, lujos y gastos superfluos.

 

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