La estrategia de la SCJN, acudir a tribunales internacionales

Las y los ministros están acatando parcialmente la reforma constitucional. La renuncia de 8 de ellos, el pasado 31 de octubre, les da derecho a sus haberes vitalicios conforme a su antigüedad y a participar en su propia postulación, pese a que en el texto de dimisión todos repudian estos derechos de retiro anticipado. Aunque serían efectivas las renuncias hasta el próximo 2025, de ser aceptadas por el Senado de la República.

Están cumpliendo a su conveniencia con el texto constitucional reformado, sin embargo, seguirán en funciones. El martes iniciarán la discusión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que podría durar semanas, con el que buscan dinamitar institucionalmente a la Suprema Corte, pero esperaran el momento procesal y político para hacerlo, y terminarán por “nulificar” parcialmente la reforma constitucional sobre el Poder Judicial. Aunque ya estará también vigente la reforma referente a la supremacía constitucional. No tenían facultades antes, ahora se refuerza la tesis de improcedencia con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Que fue hecha antes que el proyecto que busca invalidar la reforma.

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá busca declarar inconstitucional la elección por voto popular de personas juzgadoras, así como de las y los magistrados del país, pero mantiene la elección de las y los ministros de la Suprema Corte.

Es un acto de martirio judicial, se autoinmolan “sacrificándose” para ser los únicos elegibles y “salvando” al resto de personas juzgadoras que integran al Poder Judicial, en total desacato a la Constitución.

Están sentando las bases para aprobar la propuesta de proyecto, evidentemente éste no se acatará por los aludidos por ser improcedente.

Iniciarán una campaña mediática por los medios tradicionales, nacionales y extranjeros, además de inundar las redes con la versión de la nueva narrativa del autoritarismo.

Después acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros tribunales internacionales, para urgir su intervención e impedir la democratización del Poder Judicial en México, arguyendo que nuestro país será inconvencional, que no cumple con convenios y tratados internacionales; se buscará desde ahí una presión externa para detener un acto soberano de nuestro país que no necesita, ni aceptará, aprobación de ningún órgano internacional, mucho menos de un Estado extranjero.

Por otro lado, los integrantes de los Comités de Evaluación, como primer filtro para aspirantes al Poder Judicial, ya fueron designados, también como consecuencia de la misma reforma constitucional. Aquí otra disyuntiva: desconocen y quieren, sin tener las facultades, “legislar” sobre una reforma vigente y, al mismo tiempo, la obedecen nombrando a quienes decidirán la idoneidad de los candidatos a juzgadores, como ya lo hicieron el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Hay otra hipótesis: buscarán ejercitar, sustituyendo al agente del Ministerio Público federal, el monopolio del ejercicio de la acción penal, para imputar delitos cometidos en contra de la administración de justicia, y otros a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo por desacatar fallos judiciales. Haciendo con ello todavía más grande la crisis institucional que están provocando.

Por su parte, el Poder Legislativo tiene facultades para iniciar procedimientos de juicio político en contra de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no estén cumpliendo con la obligación de salvaguardar nuestra Carta Magna.

La salida política es el cumplimiento de la Constitución, que la mesura y la institucionalidad sean las que reinen en las decisiones de los Poderes de la Unión y que no se convierta en un duelo a muerte donde el triunfo, si es que lo hay, será pírrico.