CURP biométrica: un avance hacia la seguridad y el derecho a la identidad en México

El derecho a la identidad, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la base para garantizar justicia, salud, educación y seguridad. En un país con más de 129 mil personas desaparecidas —según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas al cierre de 2024— y delitos como la trata de personas, México ha dado un paso histórico con la aprobación en el Senado de la CURP biométrica como documento nacional de identidad. Aprobada el 27 de junio de 2025 con 69 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, esta reforma moderniza la identificación, fortalece la seguridad nacional y aborda, parcialmente, la deuda con las víctimas de desaparición forzada.

La CURP biométrica, gestionada por la Secretaría de Gobernación (Segob), integra datos biométricos —huellas dactilares, fotografía y, potencialmente, escaneos de iris— bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Obligatoria y universal, en formatos físico y digital, se conecta a la Plataforma Única de Identidad, uniendo el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y registros administrativos. Esto permite búsquedas en tiempo real y alertas ante el uso de una CURP de una persona desaparecida, crucial cuando las desapariciones crecieron 26% en los primeros meses de 2025, según la Comisión Nacional de Búsqueda.

Esta iniciativa tuvo antecedentes en el sexenio pasado, cuando la Segob, liderada por Olga Sánchez Cordero (2018-2021), solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) el padrón electoral para enriquecer la CURP con datos biométricos y agilizar la búsqueda de desaparecidos. El entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazó la petición por riesgos a la privacidad, decisión legal, pero sin sensibilidad política. Esta negativa retrasó la unificación de datos que habría ayudado a localizar a miles, prolongando el sufrimiento de familias.

La reforma actual obliga a autoridades y particulares a compartir datos biométricos con la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y el Centro Nacional de Inteligencia, y establece protocolos forenses —pruebas dactiloscópicas y genéticas— antes de enviar restos a fosas comunes. La Base Nacional de Carpetas de Investigación de Desaparecidos y la integración de la Guardia Nacional (RENAPO) y la Secretaría de Seguridad al Sistema Nacional de Búsqueda refuerzan la coordinación, combatiendo la impunidad.

Sin embargo, hay críticas. Senadores del PAN, PRI y la Red en Defensa de los Derechos Digitales advierten sobre vigilancia masiva y riesgos de ciberataques. La obligatoriedad podría excluir a comunidades indígenas o adultos mayores. La Segob, bajo el liderazgo de Rosa Icela Rodríguez, debe implementar cifrado robusto, auditorías y campañas inclusivas para mitigar estos riesgos.

Los beneficios son claros: un documento unificado supera la fragmentación, conectando ciudadanos y autoridades. A diferencia de la credencial del INE, la CURP biométrica combate delitos y agiliza trámites. Su plataforma Llave México posiciona al país a la vanguardia digital en América Latina.

México se alinea con modelos globales. En India, Aadhaar asigna un identificador biométrico a 1.3 mil millones de personas, optimizando servicios y seguridad, aunque con retos de privacidad. En Estonia, el e-ID permite votación y trámites en línea con cifrado seguro. Nigeria usa el NIN para vincular identidades a móviles, reduciendo delitos anónimos. China emplea identificación biométrica para seguridad, pero genera preocupaciones éticas. Colombia, con su Cédula Digital, agiliza trámites y apoya investigaciones, priorizando protección de datos. Estos sistemas muestran que la biometría, bien gestionada, impulsa gobernanza y seguridad.