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La seguridad nacional, pública e interior. El laberinto social

Ricardo Peralta Saucedo

Ricardo Peralta Saucedo

México correcto, no corrupto

 

Alberto Pineda perdió la movilidad en ambas piernas en un accidente automovilístico al impactar su auto con un burro, el animal entró a la cabina y le destrozó el tórax y cadera.

Propietario de un pequeño hotel situado antes de cruzar el puente que une dos municipios de uno de los estados más peligrosos del país, coincidentemente los más atrasados en educación y desarrollo humano.

Alberto, padre de seis hijos, quienes se fueron a vivir a la Ciudad de México y Morelia, para estudiar; él y su esposa administraban el negocio que por años fue su modo de sustento hasta que llegó una célula de extorsionadores de La compañía, uno de los cárteles más sanguinarios de México, exigiendo 30
mil pesos quincenales, se los dieron por 4 meses; comenzó a bajar la clientela, el comercio en la zona se desvaneció. Incrementaron la cuota a 50 mil  él explicó la imposibilidad
de hacerlo.

En navidad lo visitaron sus hijos, esposas y cuatro nietos. En la madrugada del 25 de diciembre, ingresaron a su domicilio 14 personas armadas, los separaron por grupos, mutilaron a los hombres, violaron a todas las mujeres, quemaron el lugar, tenían experiencia, habían hecho lo mismo en el Casino Royal en Monterrey apenas unas semanas atrás. Alberto fue el único dejado con vida, pero con gravísimas lesiones para que diera testimonio a los demás empresarios de la zona sobre la presencia de quienes se adueñaron de pequeños negocios, huertas, granjas, vidas, destruyendo a su paso lo que en décadas construyeron familias de trabajo.

Después del ataque terrorista al WTC, EU reforzó la seguridad de sus fronteras, las drogas no fluyeron igual; el efectivo disminuyó, hubo escisiones de grupos del narco quienes diversificaron sus conductas delictivas. La mezcla fatal entre extorsión-secuestro e impunidad-corrupción fueron y son altamente rentables. Aquí el terror inició.

Las series televisivas que hacen apología al delito son las de mayor rating en una sociedad de doble moral, las aspiraciones universitarias de cientos de jóvenes son sarcasmo, la oferta del crimen resuelve a corto plazo.

La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones de gobierno, y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, es en síntesis la seguridad nacional.

La función pública a cargo de la Federación para garantizar a las entidades federativas el mantenimiento de la unidad nacional y la cohesión social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno y de la gobernabilidad, así como la preservación del Estado constitucional de derecho, es la seguridad interior.

Una función exclusiva a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios, es la prevención de delitos, su investigación y persecución. La actuación de las instituciones de seguridad pública se deben regir bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Eso es la seguridad pública.

Las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, disciplinado y profesional. Cuando esto último no es eficaz, se debe recurrir a los límites, a la seguridad interior, donde el prestigio de las instituciones armadas del país está en riesgo por el desaseo de las policías locales que tienen a la población entre la espada y la pared. Los testimonios de las víctimas parecen de ficción de terror surrealista, por un lado, la ausencia e indiferencia institucional de las autoridades locales civiles obligadas a cumplir el texto constitucional y por otro la exigencia del Estado de derecho. Un laberinto social donde la salida es única: Salvaguardar a nuestra población por encima de cualquier interés político o de grupo.

                *Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

 

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