Venezuela: tapando los ojos

La decisión del nuevo gobierno mexicano de no firmar un documento del Grupo de Lima (Canadá, Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay y Santa Lucía) que le exigía a Maduro no asumiera la Presidencia de Venezuela por las impugnaciones al proceso electoral antidemocrático en su país, inaugura, sin duda, una nueva etapa en la política exterior de México.

El gobierno alega que está rescatando la política antiintervencionista tradicional de México. Esta supuesta política histórica antiintervencionista mexicana proviene de la llamada Doctrina Estrada, anunciada oficialmente el 27 de septiembre de 1930, que decía textualmente: “El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que, además de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posterior, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.

En teoría, la Doctrina Estrada ha alimentado la política exterior de México desde entonces, sin embargo, cuando ésta se anunció, el país vivía en una coyuntura mundial muy específica. En primer lugar, México estaba siendo presionado políticamente por EU por haber realizado su propia revolución contra Porfirio Díaz. El vecino del norte no quería reconocer diplomáticamente a México, y utilizaba el argumento del derrocamiento del gobierno como pretexto para regatear su apoyo. En segundo lugar, era una época de deliberado y provocado aislacionismo internacional de México. Proyectaba sus conflictos internos hacia actores nacionales, ignorando muchos vínculos con el mundo, para así resolver las tensiones internas surgidas por la posrevolución. En tercer lugar, el aislacionismo internacional se acompañaba por tesis económicas sobre la sustitución de importaciones y la autosuficiencia agrícola e industrial. Era la época del keynesianismo, el Estado benefactor como instrumento para atenuar los conflictos sociales.

Ahora, en la era del tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), sin embargo, el recurrir al argumento aislacionista de la Doctrina Estrada para justificar el no enjuiciamiento del régimen dictatorial de Maduro en Venezuela carece de toda lógica. En primer lugar, porque la relación con EU difícilmente podría ser mejor. México aceptó, con Estados Unidos, ser su centro de deportación y control de centroamericanos y otros indeseables. Ha firmado el T-MEC. Se hablan por teléfono regularmente los dos presidentes, Trump y López Obrador. En segundo lugar, el gobierno mexicano está domando a todos los poderes del Estado, vía la manipulación presupuestal. No existe una oposición significativa, de momento. Y en tercer lugar, en la economía global e interconectada el aislacionismo suena a pretexto para lograr otra cosa, y no sirve un argumento creíble para justificar la defensa del gorilato venezolano.

México alega que quiere propiciar el diálogo entre las partes. Llega 15 años tarde a ese esfuerzo. Todo el proceso en Venezuela rebasó ese momento hace años, con sus millones de refugiados en países de Sudamérica por la crisis humanitaria terrible en ese país.

Tapar los ojos a la realidad no es justificación para una política exterior.

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