Ley de vivienda y clasismo en CDMX

El debate acerca de la Norma 24 puede tomar un nuevo rumbo próximamente, con la promulgación de la nueva Ley de Vivienda en la CDMX. No se ha legislado sobre las regulaciones para la construcción de vivienda de interés social en la Ciudad de México debido a dos factores. En primer lugar, porque el modelo de desarrollo urbano, impulsado por la izquierda en la ciudad, ha favorecido vivienda de interés medio y alto, encareciendo el valor del suelo, volviendo la vivienda social incosteable. Otro factor es la historia de abusos de desarrolladores al invocar las especificaciones de la Norma 24 para construir vivienda de interés medio y alto, incluyendo la complicidad de funcionarios corruptos.

Costos altos y floreciente corrupción frenaron la aplicación de la Norma 24. Hoy, la nueva ley quiere revivirla ante la presión de movimientos de vivienda popular cuya base social deberá responder a los intereses electorales del PRD en 2018. Sin embargo, el binomio rentabilidad y valor del suelo no augura una solución fácil al problema. La revista Metros Cúbicos publicó un estudio sobre lo que denomina como “la nueva vivienda económica” en la CDMX. Establece que alrededor de 80 mil habitantes son expulsados de la ciudad por año, quienes emigran al Estado de México, principalmente. Pero también define que, de 7,606 unidades vendidas en el Valle de México, 53% corresponde a la capital, con un precio promedio de 1.6 millones de pesos. La respuesta del gobierno de la ciudad es, según Metros Cúbicos, la creación de tres polígonos de actuación: uno en Las Granadas, en Miguel Hidalgo, con colonias como Anáhuac, Argentina y Pensil; otro en Alameda-Reforma, con las colonias Guerrero, Centro, Tabacalera, Juárez; la Doctores es otro polígono de actuación, junto con la Obrera y Buenos Aires. El precio promedio de la vivienda en estos polígonos se ubica arriba del millón de pesos.

El mercado de vivienda es el instrumento fundamental que expulsa población de la Ciudad de México. En 1990 la CDMX contaba con 40 distritos electorales (seis más que el Estado de México, que tenía 34), mientras que en 2017 bajó a 24 distritos electorales (17 distritos menos que el Estado de México, que ahora tiene 41). Este cambio demográfico se refleja en otro dato: en los 20 años que la izquierda ha gobernado la Ciudad de México, sólo 5% de las viviendas nuevas ha sido de interés social, con un precio máximo de 700 mil pesos. Obviamente la población más pobre huye de la ciudad ante el costo tan alto de la vivienda, especialmente cuando se considera que la vivienda “económica” cuesta arriba del millón de pesos.

La Ley de Vivienda que ha impulsado la Ciudad de México ha tenido efectos de largo plazo sobre la demografía capitalina y el valor del suelo en el territorio. Es la entidad que más población expulsa de todo el país, siendo los expulsados fundamentalmente población de escasos recursos que se mudan a asentamientos irregulares en municipios cercanos como Huehuetoca, Texcoco y Chalco, aunque se emplean en la capital. Y es la urbe que más vivienda de interés medio y alto construye en el país. Es decir, la capital vive un proceso de elitización social discriminador y expulsor progresivo de marginados. Dolorosa herencia urbana dejará en PRD en 2018 cuando, en su turno, puede ser expulsado del poder.