Dialogando con delincuentes

Como todas las semanas, los funcionarios de la 4T no dejan de sorprendernos. En esta ocasión, con la declaración que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo el martes pasado, con relación a que el gobierno federal dialoga con muchos grupos que “quieren deponer las armas y caminar hacia la paz”.

Pero esto no es algo nuevo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado, en diversas ocasiones, su interés para dialogar con los criminales en nuestro país, aquellos que matan a diestra y siniestra a otros mexicanos, al “pueblo bueno”, con el propósito de disminuir los índices de violencia.

Primero, durante su campaña, y después, en los foros sobre la Pacificación del País y Reconciliación Nacional, que se desarrollaron durante la segunda mitad de 2018, se planteó la idea de la amnistía e indulto a criminales, a lo cual las víctimas reaccionaron con un rechazo tajante, exigiendo más bien justicia.

Tras la confusa declaración de Olga Sánchez Cordero de esta semana, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado vía Twitter, en donde establece que “el gobierno federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado”. Pero no desmiente que lo haga con grupos armados, lo que abona más a la desinformación, pues está probado que estos están infiltrados por organizaciones criminales.

Pero ahí no quedó la polémica. Un día después, se hizo público que el subsecretario de dicha dependencia, Ricardo Peralta Saucedo, quien –por cierto– ha defendido la escandalosa ampliación de mandato del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se reunió con grupos armados del estado de Tamaulipas y Michoacán, dentro de los que se incluyen personas que han sido vinculadas con la delincuencia organizada. Hasta los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles tuvieron que salir a condenar este hecho, al declarar que el gobierno federal complica la situación al dar recursos a los criminales de sus estados. Así de claro.

Resultado de estos ambiguos acontecimientos, la única reacción oficial fue que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que ya se le había llamado la atención al subsecretario Peralta a fin de que “se ajuste a lo que establecen la Constitución y las leyes”, como si eso fuera opcional.

Como dice el dicho, “si el río suena, es que agua lleva”, y en este tema del diálogo con grupos criminales, parece que hay algo que no está bien y se nos está ocultando.

Igual que en muchos otros asuntos –por ejemplo, la llamada amnistía a “presos políticos”–, el gobierno del presidente López Obrador actúa de manera poco transparente y no es clara la política que está siguiendo, aun cuando se trata de un tema de interés público, y como ha sido manifestado en diversos foros, además de ser ilegal, es reprobado por la mayoría de la población que exige justicia, no perdón.

Ciertamente sería preocupante que esta administración federal claudique en su responsabilidad y, en aras de disminuir las escandalosas cifras en materia de violencia, opte por pactar con los criminales que tanto han lastimado a los mexicanos, destruyendo todavía más el ya de por sí casi nulo Estado de derecho en nuestro país.

Twitter: @ralexandermp

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard
y socio de Strad.mx