Trump, el impeachment

El paso de la forma de gobierno de las monarquías absolutas a las repúblicas marcó un momento trascendental en la historia de la humanidad: el poder de los gobernantes dejó de ser absoluto para ser acotado, dividido, controlado en los términos y alcances que señale la Constitución.

Es la Constitución el pacto que da origen y sentido al orden de cualquier Estado moderno; es un documento de índole jurídico-político que fija las reglas del juego democrático al cual habrán de someterse tanto gobernantes como gobernados.

Así, tras la adopción de los sistemas presidencialistas en los países republicanos del orbe, la institución del “juicio político” apareció en la mayoría de los textos constituciones como una herramienta extrema para controlar el actuar del titular del Poder Ejecutivo, así como de los altos funcionarios que forman parte del gobierno. Este tipo de controles complementan los instrumentos jurídicos de lo que conocemos como Estado de derecho, que es un sistema político donde todos están sometidos al imperio de la ley, incluso el Presidente.

Lo anterior viene a colación dada la reciente decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de iniciar contra el presidente Donald Trump un proceso de esta especie, conocido como impeachment.

Sustentado en la Cuarta sección del Artículo 2º de la Constitución de los Estados Unidos, este juicio político es un proceso que le corresponde implementar al Congreso y que procede por acusaciones de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves; que en caso de hallar culpable al Presidente, procedería su separación del puesto.

Trump está siendo acusado de abuso de poder y obstrucción al propio Congreso, señalado por ejercer presión sobre Ucrania para obtener beneficios políticos personales e intentar obstaculizar las investigaciones que se llevaban a cabo. Después de meses de venirse configurando, el proceso dio inicio en la Cámara de Representantes y requirió de sólo una mayoría simple de diputados demócratas para ser activado. El paso siguiente será que el Senado —como Cámara juzgadora— lo determine; lo cual se antoja casi imposible debido a que el Partido Republicano domina la mayoría de los escaños y se requeriría del voto de dos terceras partes de los integrantes de esa Cámara alta.

Sin embargo, el sólo inicio del juicio es un acontecimiento penoso, ya que a lo largo de la historia constitucional norteamericana tan sólo tres presidentes —Andrew Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton— han estado envueltos en procesos similares, aunque cabe decir que hasta el momento ningún mandatario ha sido removido de su cargo.

Aunque la destitución es muy poco probable, conviene recordar que el proceso se va a ventilar en vísperas del proceso electoral para la renovación —o reelección— tanto del Presidente como de 34 senadores y la totalidad de los diputados. Y de otro tema que a los mexicanos nos importa y preocupa: la ratificación del tratado comercial.

El comportamiento y decisión de los senadores —sean estos republicanos, demócratas o independientes— estará muy observado y valorado por los electores el martes 3 de noviembre de 2020; y por lo tanto tienen que demostrar que por encima de sus intereses partidarios está el respeto de aquello que los propios estadunidenses han dado en llamar el rule of law, es decir, el imperio de la ley. Un imperio de leyes y no de hombres.

Como Corolario, las palabras de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson: “Un príncipe, cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano, no es apto para ser el gobernador de un pueblo libre”.