El Diccionario señala que cuando una nueva organización, en lugar de ordenar el sistema, genera más caos o ineficiencia de la que intenta resolver, se le llama entropía. Y es eso lo que está sucediendo con la integración y evolución del nuevo Poder Judicial federal en estos casi cinco meses.
La falta de un buen diagnóstico sobre cuál era la situación del país respecto a la problemática que padece la impartición de justicia; del estado como es que en realidad se encontraba el anterior Poder Judicial, así como de cuáles deberían ser los objetivos que se buscaban lograr con un cambio tan radical, está demostrando sus debilidades.
Hace unos días, se supo que el Poder Judicial de la Federación adquirió 571 vehículos de distintos tipos para cubrir las necesidades del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se informó que con dicha adquisición se haría un ahorro de poco más de mil millones de pesos entre 2026 y 2028, pero la ciudadanía centró su atención en la adquisición de nueve camionetas blindadas que tuvieron un costo de 2.4 millones de pesos cada una, que estarían al servicio de ministras y ministros para garantizar su seguridad.
Dicha compra fue criticada, sobre todo con señalamientos de que se contradecía la promesa de austeridad que debería observarse, a efecto de diferenciarse de las cuestionadas prácticas del pasado.
Este y otros temas han distraído la atención respecto de las cosas que en verdad deberían importar. Si bien la exigencia de una mejor administración de justicia requiere darle puntual seguimiento a todas las decisiones que se den en el ejercicio de las funciones sustantivas de los órganos del Poder Judicial, hay cosas mucho más importantes en las que hay que insistir.
La seguridad de quienes encabezan los Poderes de la Unión es un asunto de Estado, pues en ellos descansa parte importante de la estabilidad del sistema político mexicano, por ello, el gasto para su protección es justificable. Y más en un momento en que el país está inmerso en la violencia.
El Presupuesto de Egresos le autorizó al Poder Judicial federal para 2026 poco más de 70 mil millones de pesos. Es casi la misma asignación que recibió el año pasado; lo que en términos reales significa una reducción por la inflación.
Uno pensaría que para impulsar el desarrollo del Poder Judicial recién renovado, se destinarían recursos financieros para establecer nuevas políticas públicas tendientes a mejorar la calidad en el servicio de impartición de justicia.
Existen parámetros que indican que en nuestro país tenemos cuatro personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, frente al estándar internacional de 65 jueces por la misma cantidad de habitantes. El cuestionamiento a los Poderes Ejecutivo y Legislativo es: ¿cuál es el plan que se está implementado para que la justicia llegue a más personas y en menores tiempos procesales?
La propuesta inicial de Hacienda era que se le dotaran casi 86 mil millones de pesos, pero la Cámara de Diputados lo redujo casi 20 por ciento. ¿Por qué no se invierten más recursos para abrir más juzgados y contratar más personal?
La reacción de los integrantes de la Corte de devolver las camionetas es un error. El gasto ya se hizo y la justificación de que se realizó para garantizar su seguridad sigue siendo una realidad.
El escándalo mediático ha sido una pantalla para encubrir los verdaderos retos y problemas.
La impartición de justicia no tiene un programa ni estrategia para mejorar.
Como Corolario las palabras del doctor Sergio García Ramírez: “La justicia requiere del trabajo de Hércules: que reforme, revolucione, transforme la realidad estricta”.