A pocos días de finalizar 2025, y después del primer año de gobierno de la primera mujer en la Presidencia, es importante hacer un balance de los retos y las oportunidades que la gestión pública presagia para la sociedad mexicana.
El primer reto que enfrentó nuestro país este año lo representó en enero el regreso al poder de Donald Trump. Su retorno significó al mundo el debilitamiento de las instituciones internacionales; el uso de la fuerza y la amenaza como elemento de negociación; su influencia para la derechización de varios países bajo argumentos de exaltación del nacionalismo, la polarización de los conflictos y el rechazo a los inmigrantes.
Para México, representó el amago permanente de imposición de aranceles como moneda de cambio en su política exterior y la amenaza de incursión armada al territorio, bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga.
Sin embargo, la Presidenta ha logrado conservar nuestro lugar como el principal socio comercial de la mayor potencia económica del mundo. El reto que se avecina el próximo año es la revisión del T-MEC, que algunos analistas advierten que dicha negociación, lejos de ser sólo técnica y jurídica, más bien tendrá la prioridad de enfocarse en la seguridad y la estrategia política.
La inseguridad pública y la impunidad representaron el problema más complejo del país. Si bien se ha destacado la disminución de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos —de septiembre de 2024 a octubre de 2025—, al pasar de un promedio de casi 87 víctimas diarias a 54.5; no menos cierto resulta que la ciudadanía exige una política anticrimen más contundente que restablezca la paz social y la tranquilidad.
La impunidad ha ensombrecido la gestión gubernamental. Los casos de corrupción que se han soslayado y la percepción de complicidad de funcionarios, políticos, gobernadores y alcaldes con la delincuencia va a ser un pesado lastre el año venidero si no se toman acciones ejemplares.
Lo que va del sexenio se ha caracterizado por una vertiginosa actividad legislativa y una reconfiguración del Estado mexicano. Ejemplo de ello es la reforma al Poder Judicial, que situó a nuestro país como el único en el orbe en elegir a través del voto popular a todas las personas juzgadoras.
En este auténtico cambio de régimen político se plantea para el próximo año la presentación de una reforma en materia electoral, en donde se vislumbra la posible transformación del método de representación proporcional para la integración del Congreso de la Unión y la reducción de recursos económicos para la organización de las elecciones y los partidos políticos. De pronóstico reservado.
Significa un reto enorme para el próximo año retornar a la senda del crecimiento económico. El Banco Mundial estima que este año México tendrá un crecimiento de apenas 0.5%; la OCDE recortó su perspectiva a 0.7%, aunque la Secretaría de Hacienda mantiene un rango más optimista, estimando entre 0.5% y 1.5 por ciento. Veremos si la puesta en marcha del Plan México y los efectos del aumento del 13% al salario mínimo —a partir del 1 de enero de 2026— funcionan como una estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable para la prosperidad compartida.
En suma, frente al complejo panorama económico, político y social, el verdadero reto que tienen los gobernantes será traducir todas las reformas y políticas públicas que han delineado en resultados tangibles que consoliden el tan anhelado desarrollo compartido y sostenible de México.
Como corolario, recordar al maestro Enrique González Pedrero —como propósitos de Año Nuevo—, que decía que hay tres cosas para triunfar en la vida: “Valor, suerte y circunstancias”.
¡Feliz año 2026!