Después de años de estudios técnicos y negociaciones, México y Estados Unidos suscribieron en 1944 el Tratado Internacional de Aguas, un acuerdo fundamental para resolver la distribución de los recursos hídricos fronterizos.
Conforme a este instrumento, México debe entregar a Estados Unidos una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, así como del arroyo de las Vacas. Esta aportación no puede ser inferior, en promedio y durante ciclos consecutivos de cinco años, a 431.7 millones de metros cúbicos anuales para los agricultores de Texas. A su vez, Estados Unidos se comprometió a entregar a México 1,850.23 millones de metros cúbicos al año del río Colorado, destinados principalmente a los agricultores de Baja California.
El acuerdo resulta claramente favorable para México, no sólo por la diferencia en los volúmenes comprometidos, sino también porque las entregas correspondientes al río Bravo se calculan en ciclos quinquenales, debido a sus fuertes variaciones hidrológicas. En contraste, la entrega del río Colorado es anual, ya que sus escurrimientos son más estables por depender, en buena medida, del deshielo de las montañas Rocallosas.
Conviene insistir en un punto: el tratado no establece un intercambio de agua, sino que reconoce derechos históricos de uso que, tras la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, fueron motivo de disputas durante décadas.
Han pasado más de 80 años desde su firma y hoy surgen cuestionamientos relevantes sobre su vigencia técnica, no jurídica, ante condiciones muy distintas de las originales. La demanda de agua ha crecido de manera significativa. Las ciudades vinculadas con la cuenca del río Bravo sumaban entonces alrededor de 350 mil habitantes; actualmente concentran casi cuatro millones.
También aumentó la superficie de los distritos de riego dependientes del río Bravo y se expandieron cultivos perennes, como la alfalfa y el nogal, que rigidizan la demanda porque no pueden suspenderse con facilidad durante una sequía. A ello se suman numerosas tomas clandestinas a lo largo del río Conchos, sobre las cuales no existe un control efectivo.
Al crecimiento de la demanda debe añadirse la reducción de la oferta provocada por el cambio climático. Aunque el tratado contempla ajustes durante periodos de sequía, la frecuencia y severidad de estos fenómenos han aumentado.
Un dato significativo es que EU que cumplió durante décadas con las entregas del río Colorado, para 2022 y 2026 ambos países han venido acordando reducciones sucesivas mediante la Comisión Internacional de Límites y Aguas; para 2026, el recorte previsto es de 18 por ciento.
Por su parte, en los 82 años de vigencia del tratado, México ha incumplido en cinco ocasiones el volumen comprometido debido a sequías. La más reciente corresponde al ciclo comprendido entre octubre de 2020 y el 24 de octubre de 2025, al término del cual quedó pendiente el pago de 1,067 millones de metros cúbicos que deberán cubrirse durante el periodo 2026-2030.
Mientras EU aplica recortes proporcionales entre los usuarios del río Colorado, en México no se ha garantizado, incluso en años de lluvias normales, que una parte suficiente de los escurrimientos llegue al río Bravo. Durante décadas se ha confiado en fenómenos extraordinarios, como los huracanes, para cumplir con las entregas.
Esta irregularidad en las aportaciones afecta a los agricultores de Texas y ha generado reclamos crecientes. El senador republicano John Cornyn ha pedido a representante comercial de EU, Jamieson Greer, que el tema sea incluido en la revisión del T-MEC, bajo el argumento de que México no ha cumplido sistemáticamente con sus obligaciones derivadas del tratado de 1944.
Se trata de un asunto delicado y complejo, cuyas implicaciones técnicas, económicas y diplomáticas analizaremos con mayor profundidad en las próximas columnas.