El río Bravo bajo presión: México, EU y el reto del agua compartida (II)

Donald Trump amenazó con imponer aranceles si México no entregaba de inmediato 234 Mm³.

Ya se ha comentado en esta columna que la entrega anual por parte de Estados Unidos de 1,851 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua del río Colorado a México y el compromiso de México de proporcionar un promedio de 431.7 Mm³ anuales del río Bravo (calculado en ciclos quinquenales) no responde a un intercambio bilateral, sino al reconocimiento mutuo de derechos establecido en el Tratado de Aguas de 1944.

Este tratado designa a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) como la entidad binacional responsable de supervisar y vigilar su cumplimiento, actuando como árbitro técnico y coordinador entre ambos países. Sin embargo, la responsabilidad de planificar, ejecutar y reportar las entregas conforme a lo estipulado recae en las autoridades nacionales del agua: la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en México y la Bureau of Reclamation, junto con agencias estatales, en Estados Unidos.

La Unión Americana ha cumplido de forma constante con sus obligaciones, haciendo ajustes sólo en periodos de sequía y de forma proporcional entre sus usuarios y México. En contraste, México enfrenta una situación más compleja en su compromiso con los seis ríos tributarios del Bravo (Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el Arroyo de las Vacas), donde, en múltiples ocasiones, se ha retenido agua de más, apostando a lluvias extraordinarias para cubrir el compromiso. Por ello, durante periodos muy largos de tiempo, México no ha entregado agua y esta falta de certeza en el suministro es el eje de las reclamaciones de los agricultores texanos.

Tras acumular un adeudo superior a los 1,100 Mm³ en el ciclo anterior (que legalmente puede cubrirse en el actual, con vencimiento en octubre de 2025), las presiones políticas aumentaron. El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles si México no entregaba de inmediato 234 Mm³, en respuesta a las gestiones de políticos y agricultores de Texas, quienes argumentan que la falta de certeza hídrica ha obligado a dejar miles de hectáreas sin sembrar o a optar por cultivos menos rentables, con pérdidas económicas considerables.

Un aspecto fundamental que debe considerarse es que las aguas de los ríos Colorado y Bravo están clasificadas como recursos internacionales. No pertenecen exclusivamente a un solo país, sino que son compartidas por ambas naciones. Por ello, tanto la Conagua como la Bureau of Reclamation están obligadas a garantizar el cumplimiento del tratado. No se trata de recursos que puedan ser gestionados a discreción nacional; el tratado exige que las agencias respectivas aseguren el cumplimiento cabal de los acuerdos.

La Conagua enfrenta un desafío significativo. La cuenca del río Bravo presenta un alto grado de desorden, resultado de años de limitada vigilancia y control, lo que ha debilitado la capacidad operativa de la autoridad. Restablecer el orden será una tarea compleja. Basta recordar el intenso conflicto de 2020 con agricultores en el estado de Chihuahua, cuando se intentó liberar agua de la presa El Granero para cumplir con lo pactado en el Tratado, lo que generó una fuerte resistencia local.

Senadores como John Cornyn y Ted Cruz han propuesto iniciativas para obligar a México a cumplir con sus compromisos bajo el tratado y, de ser necesario, vincularlo a otros acuerdos comerciales, haciendo eco a las gestiones de un grupo de agricultores de Texas que piden sumar el tratado al T‑MEC para garantizar su cumplimiento.

Por las implicaciones que este tema puede generar a México, es importante cumplir cabalmente con nuestro compromiso, para lo que es necesario fortalecer la capacidad de gestión de la Conagua en la zona norte, así como considerar seriamente el invertir significativos recursos en la modernización de los Distritos de Riego en Chihuahua y Tamaulipas.