En la literatura universal existen múltiples relatos “de terror” que ponen al lector en una situación casi imposible de tolerar cuando un ser querido desaparece sin razón, y todos los esfuerzos por encontrarlo son inútiles; ante esta situación, el lector comparte la angustia que describe el autor, y vive situaciones de ansiedad que le dan el crédito al autor, que fue capaz de llevar al lector a situaciones de angustia y miedo, pero eso es literatura, y al terminar la lectura, olvidamos el miedo y llevamos al libro a la biblioteca.
Lamentablemente, la desaparición de personas es una realidad; sin importar razones, cuando un individuo desaparece, es secuestrado y no se sabe de su paradero, o es ejecutado, y se pierde toda la información, el daño a los familiares o amigos cercanos es gravísimo y perenne, lo que se llama duelo suspendido, ya que al ignorar si está vivo o muerto, no se puede elaborar el duelo; el impacto emocional, el “alma destrozada” ante la falta de respuesta de las autoridades que lleva a la “búsqueda incansable”, no puede ser descrito con palabras. El hecho real es que los familiares de una persona desaparecida nunca podrán dormir tranquilos, y ese daño no se le puede achacar a nadie. Pero, además, la incertidumbre de una desaparición se acompaña a veces con la criminalización de la víctima, a la que pueden acusar de actividades ilícitas, lo que agrava el duelo y desesperación de los familiares del desaparecido.
He pensado mucho en lo que hemos vivido siempre, pero nunca había tenido las cifras que tenemos ahora de hombres, mujeres y niños desaparecidos, sin que se tenga la posibilidad de conocer la verdad. México enfrenta una crisis histórica de más de 132,534 personas desaparecidas, se han encontrado más de 4,839 fosas clandestinas que han resultado en la exhumación de más de 8,278 cadáveres, y sólo se han emitido menos de 40 sentencias condenatorias por desaparición forzada.
En días pasados, Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, señaló que no hay avances al respecto, y el Comité respectivo concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas, que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
Especialistas de derechos humanos consideran que México no debe rechazar la ayuda contenida en la resolución de Comité Contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, para resolver el problema de desapariciones de personas.
Y frente a este sombrío panorama, México rechazó el Informe de la ONU y lo calificó de “tendencioso y falto de rigor jurídico”; la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez ratificó que “el gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Así las cosas, por un lado, se confirman las graves cifras de desapariciones forzadas, mientras en las mañaneras sólo se culpa a Calderón, las manifestaciones de los parientes de los desaparecidos son ignoradas o reprimidas por las autoridades, pero como gallitos de pelea, los funcionarios se desgañitan y atacan a las instancias internacionales.
Todo esto me hizo recordar a Edmundo Valadés, que en 1955 publicó La muerte tiene permiso, y en esos años denunciaba la corrupción, el abuso del poder y la impunidad de los caciques locales del México posrevolucionario.
Tristemente, tenemos el peligro de llegar a la indiferencia y el cinismo de la señora secretaria de Gobernación, porque para ella una muerte es una tragedia, pero miles de muertes son una estadística. A nivel personal, estimado lector, creo que debemos alzar la voz para que esos delitos inenarrables desaparezcan de nuestro país, que los principios y valores universales prevalezcan y que podamos vivir en paz.