El extraño retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa duró apenas 33 horas, tiempo en el que el oficialismo se puso de acuerdo para condenar su regreso, pero no los indicios de su cercanía con el crimen organizado.
Esos indicios son muchos; entre ellos, los testimonios de cómo operaron los delincuentes en las elecciones que lo llevaron a la gubernatura en 2021. Las posiciones del oficialismo —la Presidenta, la dirigencia de Morena, la Secretaría de Gobernación y las bancadas y liderazgos de Morena en el Congreso de la Unión— tampoco condenaron la guerra que ocurre en Sinaloa desde hace dos años y que ha sido resultado del desgobierno de Rocha Moya. Lo único que señalaron fue su “decisión personal” y su “ambición de poder”.
Así lo dejó ver la presidenta Claudia Sheinbaum cuando afirmó que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo” y criticó “la ambición desnuda del poder por el poder”, aunque sin mencionar su nombre. La Secretaría de Gobernación puntualizó que su retorno respondía “exclusivamente a una decisión personal”, misma opinión que expresó el liderazgo morenista. En el Congreso, Ricardo Monreal le pidió solicitar nuevamente licencia tras advertir que no se debía permitir que “sean afectadas otras personas por una decisión propia”.
Durante las 33 horas que permaneció Rocha Moya en la gubernatura, entre viernes y sábado, asesinaron a por lo menos nueve personas, de acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad; más que en cualquier otra entidad.
Es claro que desde Estados Unidos no han dejado de señalar el involucramiento de autoridades de distintos niveles con el crimen organizado. Esta semana se cumplirán cuatro meses desde que el Departamento de Justicia dio a conocer que Rocha Moya tiene una orden de aprehensión en su contra, expedida por un juez de Nueva York, y, desde entonces, el gobierno mexicano no ha hecho sino protegerlo a él y a sus coacusados, diciendo que Washington “no ha enviado pruebas”. En un encuentro que tuve con un alto funcionario mexicano la semana pasada, quedó claro que la razón por la que no extraditan a Rocha Moya es porque después “Estados Unidos pediría a cinco gobernadores y, si se le diera gusto con eso, a los 32”.
Si, entonces, el gobierno mexicano no va a conceder las extradiciones, ¿qué es lo que va a hacer? El sábado pasado escribí en este mismo espacio que la única alternativa que tiene el gobierno es que la justicia federal abra un proceso penal contra Rocha Moya; pero uno real, no simulado. Sigo creyendo eso y que la nueva licencia de Rocha Moya apenas crea la ilusión de que el problema se acabó.
En realidad, es un error pensar que ya todo se resolvió. Las posiciones como la del líder de la mayoría en el Senado, Ignacio Mier, no son sólo cínicas, sino inútiles ante el fondo del problema. Mier escribió en su cuenta de X, apenas 90 minutos después del mensaje de Rocha anunciando su nueva licencia, lo siguiente: “Se les cae la narrativa a las conciencias desventuradas, a los comentócratas de siempre y a la extraviada oposición. Rubén Rocha Moya honra su trayectoria, se desprende del fuero y solicita licencia indefinida”.
Ese tipo de dichos funcionan apenas como un ansiolítico para evitar pensar en lo sustancial. ¿Qué hará la FGR, que tardó dos años en detener a Fausto Corrales, único testigo vivo del asesinato de Héctor Melesio Cuén? Cabe recordar que Cuén fue baleado y murió el mismo día de la captura de Ismael El Mayo Zambada, en un hecho plagado de inconsistencias y montajes oficiales. ¿Seguirá la FGR arrastrando la cobija y dando la vuelta al asunto fundamental: los indicios contra Rubén Rocha Moya y otros políticos?
Los días que vienen serán claves para mostrar a México y al mundo si lo único que interesa al oficialismo mexicano es defender al “movimiento” o está dispuesto a ir a fondo para librar al país de la lacra del crimen organizado, que ha carcomido las instituciones y desgarrado el tejido social. Para eso último, las declaraciones sirven de poco y hay cada vez menos margen de maniobra.