La reciente indignación desatada entre el oficialismo tras la cancelación de la visa estadunidense a Andy López Beltrán revela una evidente doble vara en la retórica política. La narrativa apresurada ha calificado esta medida de “injerencista”, buscando transformar una decisión consular sobre un individuo en un atentado contra la soberanía nacional. Sin embargo, al examinar la naturaleza misma de los permisos de ingreso en el derecho internacional y la propia práctica del Estado mexicano, dicha acusación pierde cualquier sustento.
El detonante de la controversia fue la carta abierta que el propio López Beltrán dirigió al presidente Donald Trump. En su escrito, acusa al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de haber ordenado la revocación de su visado, calificando la determinación como un acto “politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”. Asimismo, cuestiona a Trump preguntándole: “¿Está usted enterado?” y “¿por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?”. Además, cataloga a ambos funcionarios como “jefes de pandillas” que buscan agraviar a quienes no se someten a sus dictados.
El caso de Andy no es aislado. Washington ha retirado recientemente el visado a otras figuras relevantes del oficialismo, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Todos los días, el Departamento de Estado niega o cancela visas a miles de ciudadanos mexicanos por razones administrativas, migratorias o de seguridad sin que jamás se argumente una agresión diplomática, como se hace ahora con el hijo del expresidente López Obrador. Una visa es, por definición, un permiso otorgado discrecionalmente por un Estado receptor, no un derecho adquirido ni una garantía constitucional. Por añadidura, resulta una paradoja que el oficialismo denuncie intromisión cuando México aplica los mismos criterios soberanos en su frontera. Nuestro país exige visa de ingreso a nacionales de 135 países y territorios –incluyendo a Guatemala, nuestro vecino–, cantidad que supera a los 68 países exentos de tal requisito. Esta exigencia no constituye una agresión hacia esos pueblos, sino un ejercicio legítimo de control fronterizo.
La severidad del filtro migratorio mexicano es amplia y constante. Como documentó el periodista Néstor Jiménez en La Jornada, sólo entre enero y octubre de 2025, el Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó la entrada en los aeropuertos del país a 14 mil 175 personas originarias de naciones que jugarían el reciente Mundial de futbol, representando 70 por ciento del total de rechazos en dicho periodo. En todo ese año, las inadmisiones sumaron 19 mil 992, mientras que en 2024 se superó la cifra de 100 mil extranjeros devueltos por vía aérea, una lista encabezada por nacionales colombianos, debido a supuestas inconsistencias documentales. A ningún funcionario de la Cancillería mexicana se le ocurriría sostener que no admitir a un extranjero representa un acto de injerencia contra su país de origen.
Hablando de soberanía, la propia Ley de Migración mexicana revela otra incongruencia. La norma establece que cualquier extranjero que requiera visa mexicana puede exentarla si acredita residencia permanente o una visa válida expedida por Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o los países del Espacio Schengen. Resulta por demás curioso que la legislación nacional confíe en el filtro consular estadunidense como sustituto válido del propio, pero califique de “injerencismo” el momento en que Washington decide a quién le otorga o retira la entrada a su suelo.
Cualquier Estado soberano posee la facultad inalienable de determinar de manera libre quién cruza sus fronteras y quién no. Pretender que la cancelación del visado a un personaje político equivale a una violación de la soberanía confunde el otorgamiento de un privilegio consular discrecional con un agravio entre naciones, convirtiendo una decisión regulatoria ordinaria en un innecesario estandarte de confrontación política. Es, en corto, ser visionudo.