Ultrasubordinados

Si hay un servidor público que ha coincidido en prácticamente todo lo que dice el Presidente —fuera, claro, de Claudia Sheinbaum, que lo repite mecánicamente, palabra por palabra— es Gerardo Esquivel, subgobernador del Banxico.

Pues bastó que éste dijera que no era posible cumplir el deseo de López Obrador de echar mano de los derechos especiales de giro del FMI para pagar deuda —en parte porque no se trata de dinero, sino activos— para que el Ejecutivo tildara de “ultratecnócrata” y “cuadrado” al también esposo de su excolaboradora Graciela Márquez.

El segundo episodio en el que la exigida subordinación de los colaboradores de López Obrador se hizo notar fue en el reemplazo del agregado cultural de México en Madrid.

A principios de mes, el escritor Jorge F. Hernández fue separado del cargo por haber criticado, en un artículo periodístico, la afirmación de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, de que leer por placer es un acto de consumo capitalista. El anuncio de que sería reemplazado por la escritora Brenda Lozano llevó a una andanada de críticas en redes sociales por parte del corifeo de la autodenominada Cuarta Transformación, por haber osado criticar al Presidente en alguna ocasión, y a la renuncia del responsable de la diplomacia cultural, el avezado político Enrique Márquez.

Pese a que el reemplazo ya se había anunciado, López Obrador lo consideró inapropiado pues, dijo él, “si no está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos va a representar?”.

Por ley, los agregados culturales deben realizar sus actividades en concordancia con las directrices de la política exterior de México y del Estado mexicano. No son, en ese sentido, representantes del gobierno y, mucho menos, de un proyecto o movimiento. En el pasado, hubo críticos que fungieron como agregados culturales, como es el caso del escritor Fernando del Paso, quien, por cierto, desquitó ampliamente el pago como representante en París dando los toques finales a sus Noticias del Imperio, un libro que México ha podido presumir.

El Presidente dijo que recomendaría al canciller Marcelo Ebrard —es decir, se lo ordenará— nombrar como agregada cultural en Madrid a “una mujer indígena, del Istmo o del Centro”. Pero por encima de su género y su origen étnico, lo que seguramente sobresaldrá en su currículum será su inequívoca identificación con la línea presidencial que, por cierto, incluye la reiterada exigencia de que España pida perdón por los hechos de la Conquista.

El tercer capítulo en que salió a flote la aversión del Presidente al pensamiento distinto tuvo que ver con su insistencia en que el Congreso de la Unión —otro Poder— se reuniera en un periodo extraordinario para aprobar la Ley de Revocación del Mandato. Pero no sólo fue la prisa, siempre mala consejera, sino la exigencia de que la pregunta que se hará a la ciudadanía en marzo de 2022 refleje algo distinto a lo que está plasmado en la Constitución, no la pérdida de confianza, sino la voluntad de los electores de que el Presidente “continúe” en el cargo. Es decir, ratificación del mandato, no revocación.

Inconforme con la conducción del tema que había realizado el líder senatorial Ricardo Monreal, éste fue bajado de la lomita por el manager, quien sacó del bullpen a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero —más leal que Monreal a los ojos del Presidente—, pero quien no por eso pudo evitar la solitaria carrera de los opositores que dejó al equipo de Palacio Nacional tendido sobre el terreno.