¿Los programas sociales, como a los niños, los trae la cigüeña?

El pasado 1 de septiembre, durante la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la senadora Malú Micher subió a la tribuna para fijar la postura de la mayoría parlamentaria. 

Cuando abordó el tema de la política social, la guanajuatense levantó una encendida polémica entre los legisladores, que luego continuó en la opinión pública. Al defender la sustentabilidad de los Programas para el Bienestar —que a finales de este año alcanzarán a más de 42 millones de beneficiarios, de acuerdo con lo que, horas antes, había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum en su mensaje del Segundo Informe—, Micher sostuvo que los recursos para financiarlos no provienen de los impuestos y derechos que pagan los contribuyentes al fisco, sino de los ahorros en el gasto que ha hecho el gobierno federal. 

“Ya estuvo bueno de que anden diciendo que ese dinero es de nuestros impuestos”, arengó la guanajuatense, haciendo una mueca burlona. “¡Mentira! Es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos a 42 millones de familias (sic) en bienestar”. 

En algo tuvo razón, así fuera de manera involuntaria: una porción de los recursos utilizados para financiar los programas sociales no proviene del erario en sentido estricto, es decir, de los impuestos y derechos cobrados a los contribuyentes. Lo que la legisladora evitó mencionar es que ese faltante no lo cubre la austeridad, sino el endeudamiento público.

Las cifras fiscales son contundentes y no dejan espacio para narrativas políticas románticas. De 2018 a la fecha, la deuda pública medida mediante el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público prácticamente se ha duplicado en términos nominales, al pasar de 10.5 billones de pesos a más de 19 billones en 2026. Si bien los ingresos tributarios aumentaron gracias al cobro a grandes empresas y al fin de las condonaciones fiscales, esa recaudación adicional resultó insuficiente para cubrir simultáneamente los compromisos operativos del Estado, las transferencias a Pemex, los megaproyectos y la universalización de los apoyos directos. El déficit presupuestario —la brecha que se llena emitiendo deuda— escaló en los últimos ejercicios hasta representar niveles no vistos en décadas, actuando como el verdadero pulmón financiero de la política social de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.

El riesgo de este esquema se potencia cuando se analiza la velocidad a la que envejece el país. Las proyecciones demográficas indican que la población de 65 años o más se duplicará para el año 2050, pasando de los 13 millones actuales a casi 25 millones de personas, de acuerdo con los cálculos demográficos. 

Tan sólo para mantener la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ajustada por inflación, el costo para el erario brincará de los casi 500 mil millones de pesos anuales que requiere hoy a más de dos billones de pesos a mediados de siglo. Esta cifra equivaldrá entonces a más de 3.5% del Producto Interno Bruto y terminará rebasando a todo el presupuesto destinado al sistema de salud.

Financiar este compromiso creciente con deuda representa una apuesta sumamente peligrosa. En un entorno global y nacional donde las tasas de interés se han mantenido en niveles elevados, contratar financiamiento adicional resulta cada vez más caro. El pago de intereses consume una rebanada cada vez más grande del presupuesto, restando margen de maniobra para atender la infraestructura, la salud, la seguridad y la educación. 

Si la economía no sale de su anemia actual o el gobierno no emprende una reforma fiscal de fondo que aumente de manera genuina y estructural la recaudación, los programas sociales quedarán atrapados eventualmente en la trampa de un crédito permanente cuyo costo terminarán pagando las futuras generaciones.