En octubre de 1996 el arbitraje electoral mexicano vivió su momento de mayor lustre. La historia quedó asentada para el registro informativo con la firma de una reportera que hoy ocupa un asiento de primer nivel en el gabinete presidencial.
Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, narró en las páginas del diario La Jornada cómo una reunión privada entre el presidente Ernesto Zedillo y el líder nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, logró destrabar un estancamiento en las negociaciones partidistas para integrar el órgano electoral. Durante un desayuno en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario empeñó su palabra de que la autoridad electoral no dependería jamás del gobierno.
Fue ese acuerdo de genuina visión de Estado el que abrió paso al nombramiento de José Woldenberg a la presidencia del IFE, una solución de consenso entre las distintas fuerzas políticas que garantizó plena autonomía, rigor técnico e indiscutible confianza ciudadana. La gestión de Woldenberg constituyó un parteaguas democrático y representó el momento más luminoso de toda la historia de la institución.
Exactamente tres décadas después de aquel hito de madurez republicana, el Instituto Nacional Electoral atraviesa el peor momento de su existencia. La severa crisis provocada por las revelaciones sobre irregularidades administrativas, que terminaron por forzar la salida de Guadalupe Taddei de la titularidad del órgano electoral, dejó expuesta una grave descomposición interna que amenaza con arruinar lo construido a lo largo de décadas de intenso esfuerzo cívico.
El contraste resulta desgarrador para la vida pública mexicana, pues el instituto vive su peor momento justo 30 años después de su mayor gloria. La única manera de revertir la pudrición que significó la desastrosa gestión de Taddei en el INE es realizar el nombramiento del presidente del organismo electoral exactamente como se hizo con Woldenberg: con auténtica visión de Estado y madurez política.
Si la mayoría oficialista quiere imponer como cabeza del INE a alguien que sirva exclusivamente a sus intereses políticos —como podría ser Mónica Soto, de quien se especula que su extraña renuncia a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a mediados de agosto pasado, se debió a que recibió un pitazo sobre la crisis por corrupción que iba a estallar en el INE—, el país y sus instituciones sólo sufrirán un deterioro todavía mayor en la certeza de sus reglas democráticas.
Pretender imponer a una figura servil a los intereses del grupo dominante sólo acelerará la degradación incontrolable de los órganos autónomos, ahondará la profunda desconfianza en las urnas y terminará por liquidar de manera definitiva la imparcialidad que tanto costó a la sociedad.
Si lo que quiere el gobierno federal es atraer inversiones para apuntalar el desarrollo económico y la competitividad del país, debiera darse cuenta de que prolongar la colonización del INE es un acto tan pernicioso como la propia reforma judicial, que ya ha ahuyentado a los inversionistas de manera evidente y generado una enorme zozobra en los mercados internacionales. La confianza de los capitales y la certeza jurídica no se sostienen únicamente con discursos sobre disciplina fiscal; requieren certezas institucionales muy sólidas, reglas del juego transparentes e instituciones electorales independientes.
Para rescatar al instituto de sus horas más oscuras, exactamente tres décadas después de su momento de mayor brillantez, la política nacional necesita volver la mirada a aquellos orígenes republicanos y recordar siempre el valor irremplazable del consenso.
BUSCAPIÉS
Resulta absurdo deslindar a Morena del caso Taddei. El oficialismo garantizó su llegada al colocarla en la quinteta mediante un comité técnico con mayoría afín y, posteriormente, la dotó de un poder absoluto. El propio expresidente López Obrador la elogió como si fuera la madre Teresa. Morena necesita asumir la responsabilidad de lo que hizo, y la Presidenta nada gana saliendo en defensa de su partido y repartiendo culpas.