Otra vez, a negar la realidad

De concretarse la decisión del gobierno federal de que México no sea parte de la próxima prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes PISA, nada impedirá que la educación del país entre en caída libre. La prueba, aplicada desde 2000 por la ...

De concretarse la decisión del gobierno federal de que México no sea parte de la próxima prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), nada impedirá que la educación del país entre en caída libre.

La prueba, aplicada desde 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es un instrumento que permite a los participantes evaluar la eficacia de su política educativa a largo plazo y, por tanto, puedan tomar decisiones para corregir el rumbo en caso de ser necesario.

Su propósito es medir la capacidad que tienen los alumnos de 15 años de edad para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida.

La OCDE advirtió hace unos días que si México no toma decisiones antes de septiembre –último mes de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador–, quedará excluido del ejercicio que se realizará en 2025 y en el que participarán 91 países, entre ellos 13 de América Latina.

En la edición anterior, en 2022, tomaron la prueba 6 mil 288 jóvenes mexicanos de un universo de un millón 393 mil 700 estudiantes (64% de la población total de 15 años).

Los resultados divulgados en diciembre pasado mostraron un descenso en las capacidades medidas respecto de la edición anterior de la prueba, en 2018. En matemáticas, 66% de los estudiantes dio cuenta de un bajo rendimiento, es decir, no tuvo capacidad de realizar cálculos elementales. En ciencias y comprensión de lectura, estuvo por debajo del nivel básico 51% y 47% de los alumnos, respectivamente.

En el conjunto, México quedó en el lugar 35 de los 37 países de la OCDE y en el 51 de los 81 países participantes.

Para los especialistas, esos resultados representaron un retroceso de dos décadas en materia educativa y la eliminación de los avances que se habían logrado en el periodo 2003-2009. Sin embargo, el presidente López Obrador descalificó la prueba, afirmando que se realiza con base en “parámetros que se crearon en el época del neoliberalismo”.

Por su parte, la SEP sostuvo que la prueba PISA no toma en cuenta “las condiciones en las que realizan su trabajo” los maestros. Sin embargo, en otros países que también salieron mal en el examen hubo reacciones distintas. “No se trata de ponernos a llorar, sino ver qué podemos construir para que pueda cambiar”, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro, quien es ideológicamente afín a López Obrador, en una conferencia de prensa para comentar los resultados.

Considerando el desdén que tuvo hacia la prueba, no sería raro que el gobierno mexicano prescindiera de ella –de hecho, México sería el primer país en salirse de PISA– y, como ha hecho otras veces, entierre la cabeza en la arena y niegue lo que está haciendo mal.

El problema es que aquí no se trata sólo de su imagen, sino del futuro de muchas generaciones de mexicanos, ligado inexorablemente a la calidad de la educación que se imparte.

BUSCAPIÉS

*Además de las confrontaciones de antología entre sus integrantes –con lenguaje vulgar incluido– y el sometimiento de la mayoría oficialista a los dictados del Ejecutivo, la Legislatura del Senado que terminó ayer pasará a la historia por haber desacatado una orden judicial para nombrar a los comisionados faltantes del Inai. 

*Sólo en un país que ha normalizado la violencia puede entenderse que la sociedad suspire de alivio al enterarse que alguien ha sido víctima de la delincuencia común y no del crimen organizado, y juzgue con menos severidad un “secuestro exprés” que una privación de la libertad que se realiza a cambio de un rescate.

*En el fondo, no defienden a Pemex porque creen que la soberanía nacional depende de esa máquina engullidora de recursos públicos, en la que se han malgastado durante este sexenio 1.7 billones de pesos para mantenerla apenas a flote. En realidad, la defienden porque les permite realizar jugosos negocios personales, cuando no pedestres raterías.

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