Existe una vieja y sabia conseja entre abogados penalistas —citada por José Elías Romero Apis en el noticiario que conduzco en Imagen Radio— que previene contra pedir pruebas de forma temeraria, pues se corre el riesgo de que, en una de ésas, la demanda se cumpla.
Durante casi tres semanas, el gobierno de México ignoró esta recomendación, exigiendo con insistencia que se presenten evidencias contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su círculo cercano. La ironía del destino no pudo ser más mordaz. El pasado 29 de abril, las autoridades estadunidenses anunciaron órdenes de aprehensión contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, desatando un sismo político cuyas réplicas apenas comenzamos a sentir.
La verdadera estocada al discurso oficial llegó con la sorpresiva decisión de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, dos exintegrantes clave del gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya, de entregarse voluntariamente a las autoridades de EU. Una vez que se ha entregado este par, resulta poco importante lo que suceda con los otros ocho personajes. La razón es contundente: los fiscales estadunidenses ya tienen en sus manos al responsable directo de la seguridad pública (Mérida) y al encargado absoluto de manejar los dineros de la administración sinaloense (Díaz). ¿Por qué se entregarían si no fueran responsables de lo que se les imputa o no temieran por su vida? Las negociaciones que inevitablemente se hagan con ellos a partir de ahora para aminorar las severas penas que enfrentan ambos en la corte de Nueva York podrían redundar en un torrente de más pruebas incriminatorias contra servidores públicos mexicanos de las que ya han aportado los capos del narcotráfico que se encuentran en prisión por allá.
Es profundamente irónico que, luego de pasar días exigiendo pruebas desde los atriles oficiales, esos dos personajes clave se hayan ido a entregar a Estados Unidos. Como consecuencia directa de esta rendición, Washington podría tener ahora muchas más evidencias de las que necesita para sostener estos casos específicos y, lo que es peor, quizá obtenga datos adicionales para judicializar otros expedientes.
México pudo haber decidido procesar a Rocha Moya y compañía dentro del marco legal nacional y evitarse así que Mérida y Díaz tomaran la ruta de entregarse. Sin embargo, actuando de forma muy soberbia, el poder federal prefirió defenderlos a capa y espada, haciendo a un lado que en México hay indicios más que suficientes para ameritar una investigación interna y rigurosa. El gobierno de México parece no haber entendido que para EU fue una gran afrenta su respuesta oficial a la trágica muerte de los dos agentes estadunidenses, presuntamente pertenecientes a la CIA, ocurrida en un aparatoso accidente carretero en Chihuahua el pasado 19 de abril. En lugar de limitarse a dar una condolencia pública a secas —y, en todo caso, hacer algún seguimiento en privado—, convirtió el hecho en un casus belli con una denuncia directa sobre la participación de esa agencia en operaciones en México. Para la Casa Blanca y sus agencias de seguridad, no existe ningún tema más sensible que la muerte de alguno de sus agentes en cumplimiento de sus funciones. Baste recordar el caso de Enrique Kiki Camarena.
A raíz de esas muertes y de la reacción gubernamental en México, se han incrementado de manera drástica los señalamientos de altos funcionarios de EU contra las políticas de nuestro país, como las declaraciones punzantes ante el Congreso que en días recientes han cuestionado la disposición mexicana de combatir frontalmente a la delincuencia organizada. Este clima hostil y enrarecido se ha vuelto una maldita primavera para las relaciones bilaterales. Si la presidenta Claudia Sheinbaum de verdad cree, como lo dijo el fin de semana, que hay quienes pretenden “usar este movimiento para proteger intereses personales”, es tiempo de actuar con total consecuencia jurídica y política. Seguramente no hemos visto hasta ahora sino apenas una fracción de lo que realmente puede ocurrir en materia de graves acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios en México por sus presuntos vínculos con los cárteles de la droga.