Los líos que no teníamos

Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia, en 2018, impulsado por su promesa de desterrar los principales males que nos afectan como país: la corrupción, la pobreza y la inseguridad. Quizá aún sea poco el tiempo que ha tenido para cumplir con ese ofrecimiento, pues las raíces de cada uno de esos problemas son profundas.

Sin embargo, lo que de ninguna manera figuraba entre las expectativas de quienes lo eligieron es que su gobierno generara nuevos dolores de cabeza. Y eso, por desgracia, es exactamente lo que ha pasado.

Los hechos que se dan actualmente en Chihuahua son un buen ejemplo de ello. Durante los 76 años de existencia del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, nunca se había dado un conflicto social por el cumplimiento de dicho instrumento. Hoy los campesinos chihuahuenses están en pie de lucha porque el gobierno federal ha esgrimido el cumplimiento del tratado como pretexto para condenar a decenas de miles de personas que viven en el campo a perder su modo de subsistencia.

La intervención de la Guardia Nacional –el órgano militarizado de seguridad pública creado a iniciativa de López Obrador– ya causó una muerte.

Pero no es uno, sino son dos los estados precursores de la Revolución Mexicana donde los ánimos de los agricultores están enardecidos, pues lo mismo sucede en Morelos, donde la muerte del dirigente social Samir Flores, en febrero del año pasado, dio lugar a un plantón permanente contra las obras de la termoeléctrica de La Huexca, que el gobierno amenaza con tratar del mismo modo severo que a los bloqueos de la presa La Boquilla.

Otra cosa que ocurre por primera vez es la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ocupada desde hace dos semanas por  víctimas a las que ésta tendría que estar defendiendo. No recuerdo un solo momento, en los 30 años de existencia de la CNDH –a la que me tocó ver nacer, luego del asesinato de la activista sinaloense Norma Corona y el injusto encarcelamiento del alcalde michoacano Salomón Mendoza Barajas–, en que la persona que encabeza la Comisión haya estado tan poco interesada en hacer el trabajo que le corresponde y tan plegada a la Presidencia como lo está ahora Rosario Piedra Ibarra.

Tampoco registro algún sexenio en que una tercera parte de los gobernadores del país se hubiese puesto en rebeldía frente a las acciones del Centro y que haya demandado –como hoy lo hacen los mandatarios estatales afiliados a la Alianza Federalista– un replanteamiento del mecanismo de distribución de los recursos fiscales e incluso amenace con abandonar el pacto fiscal. Quizá haya que remontarse a las postrimerías de la Revolución Mexicana para encontrar semejante tensión.

Si uno hurga en la historia, será difícil, si no es que imposible, encontrar un momento en que los pacientes de diferentes enfermedades y sus familiares hayan tenido que salir a las calles del país para exigir que los servicios públicos de salud pongan a su disposición las medicinas a las que tienen derecho, como ha sucedido con los padres de niños con cáncer.

Y, hablando de salud, tenía cuatro décadas que una enfermedad infecciosa no estaba entre las cuatro principales causas de muerte en el país. Ahora ocurre con la epidemia de covid-19, pero la última vez que había sucedido eso fue en los años ochenta, cuando las enfermedades intestinales y la neumonía estuvieron en esa lista.

Es evidente que no puede culparse al gobierno de López Obrador de la aparición del virus SARS-CoV-2 ni tampoco de su llegada al país. Sin embargo, la responsabilidad por la cifra de decesos que ha dejado el covid-19 en México –que se aproxima rápidamente al saldo de la Guerra Cristera y quintuplica, en su cuenta diaria, el número de muertes que causa la violencia criminal– tiene que atribuirse, en buena medida, a las decisiones que ha adoptado el gobierno federal para enfrentar la epidemia.

Treinta millones de mexicanos eligieron a López Obrador con la esperanza de tranquilizar al país y salir de problemas. Lo que ha ocurrido hasta ahora es lo contrario.