Hoy se cumple un mes de que la justicia estadunidense acusó a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de tener nexos con la delincuencia organizada.
Y aunque el oficialismo insiste en que no hay evidencias que los liguen con el grupo de Los Chapitos –como sostienen los fiscales en Nueva York–, tampoco hay nadie en México que se deje ver con alguno de esos personajes.
Recordemos que seis de ellos han pedido licencia a su cargo o se han entregado en Estados Unidos. Los otros cuatro quizá no tienen un nombre suficientemente conocido como para ameritar que se les dé un seguimiento periodístico.
Han pedido licencia el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde culiacanense Juan de Dios Gámez, el senador Enrique Inzunza y el vicefiscal Dámaso Castro. Quienes han cruzado la frontera para ponerse en manos de la justicia estadunidense son los exsecretarios estatales de Seguridad y Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente.
Ayer, después de 30 días de retar con que él no se separaría de su cargo –porque dice que no ha cometido delito alguno– el senador Inzunza anunció que pediría licencia por 22 horas y que su suplente, Omar López Campos, asumiría la representación mientras dure el actual periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Inzunza no se ha presentado a cumplir con sus responsabilidades legislativas desde aquel 29 de abril, cuando Estados Unidos dio a conocer que los diez de Sinaloa eran buscados para comparecer ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York.
El senador –quien hasta hace un mes era visto como el aspirante más aventajado al gobierno de Sinaloa en 2027– ya había faltado a la Comisión Permanente y, como es natural, existía mucha expectativa para ver si asistiría al periodo extraordinario, sobre todo, porque la mayoría calificada del oficialismo en la Cámara alta está muy justa y hay reformas constitucionales en juego.
Ayer, pasado el mediodía, el legislador puso un mensaje en la red social X anunciando que estaba en la Ciudad de México y que había acudido a la sede senatorial “en atención a la cita que nos fue formulada para la sesión extraordinaria”.
Agregó que “ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, Omar López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana (jueves y viernes), para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”.
¿Fue decisión suya o se lo solicitaron? Vaya usted a saber. Lo cierto es que ningún senador del oficialismo lo respaldó públicamente para que fuera a sentarse en la bancada y participara en las sesiones de pleno y de comisiones. Cuando le han preguntado al respecto, el líder de los senadores morenistas Ignacio Mier ha dicho, de una forma totalmente esquiva, que Inzunza “tiene derecho a su privacidad”.
El único que se le ha acercado, pero en lo oscurito, ha sido el senador Javier Corral. El sábado me hicieron llegar una foto de ambos, comiendo en el restaurante El Álamo, del Country Club de Culiacán, un espacio privado de la capital sinaloense. Y ese mismo día, después de cotejar la información, posteé la imagen en X. Un par de horas después, Corral reconoció que sí se había reunido con él.
De no haber tomado alguien esa foto, el encuentro habría permanecido en el anonimato. Está muy claro que a Rocha Moya y compañía los defienden públicamente, pero nadie quiere ser visto en público con ellos. Incluso está en duda la afirmación de Inzunza de que estuvo esta semana en la sede del Senado. Ningún periodista ni legislador lo vio allí.
Hay que preguntarse por qué ese apoyo a medias para esos personajes. Los defienden, pero de lejitos, como si acercarse a ellos implicara la posibilidad de contagiarse de algo. ¿Será que no quieren juntarse con ellos, no sólo por el escándalo mediático –el “show”, como dice Mier–, sino porque luego correrían ellos mismos el riesgo de aparecer en alguna lista? ¿Será que no quieren verlos enfrentando un juicio en Estados Unidos, no por estar convencidos de su inocencia sino por lo que estos diez personajes puedan revelar?