Ayer, el Inegi hizo público el número preliminar de defunciones por homicidio registradas en 2025.
Hay varias noticias buenas: por un lado, no sólo bajó la cifra respecto del año anterior —de 33 mil 550 a 27 mil 989— sino que todos los estados de la República, salvo cuatro, tuvieron una reducción en ese delito. Las únicas excepciones fueron Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Tabasco. Otro dato positivo es que por primera vez desde 2016, bajaron de 30 mil los asesinatos en un año calendario.
Sin duda, algo está pasando a nivel nacional para que se reduzca el número de homicidios. Y es posible que sea resultado de una estrategia distinta en materia de seguridad pública a la de “abrazos, no balazos”, que se aplicó el sexenio previo, y que sólo sirvió para envalentonar a los delincuentes.
El recuento que hace el Inegi es el más preciso en la materia, pues toma los datos de los certificados y actas de defunción, emitidos por el Registro Civil, el Servicio Médico Forense y las Agencias del Ministerio Público —según se detalla en el propio comunicado— y no de reportes de “un equipo interdisciplinario”, integrado por distintas instituciones, como sucede con las compilaciones diarias que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con el paso de los años, nos hemos dado cuenta de que estos últimos reportes siempre se quedan cortos respecto de las estadísticas del Inegi. En los diez años anteriores (2015-2024) se habían quedado cortos en un promedio de mil 538 homicidios. Sin embargo, en este último caso la diferencia entre un dato y otro se disparó hasta 3 mil 645, más del doble. Y es que mientras los asesinatos reportados en 2025 por el Secretariado Ejecutivo fueron 24 mil 344, los que encontró el Inegi sumaron 27 mil 989.
Hay que insistir en que el Inegi sí estableció una reducción en el número de homicidios entre 2024 y 2025, pero es necesario hacer un par de anotaciones. Primero, los casi 28 mil asesinatos siguen siendo muchos. Eso significa que el año pasado mataron a un promedio de 76 personas al día. Segundo, que no existe un reporte de cuántos de esos crímenes fueron resueltos y juzgados y terminaron en una sentencia.
También es preciso aclarar que la reducción registrada entre un año y otro corresponde a 16.6%, lo que vuelve muy difícil de sustentar el alegato del gobierno federal de que el descenso en esa cifra roja en lo que va del sexenio sea de 40%, como ha venido informando desde enero de este año.
Para comenzar, no podemos conocer el porcentaje real de la reducción, pues, como digo arriba, hay discrepancias importantes entre las cifras del Secretariado Ejecutivo y las del Inegi (en 2025 la diferencia fue de 13% entre una cifra y otra). El problema es que se ha comunicado reiteradamente a la ciudadanía, desde Palacio Nacional, que el descenso en el número de homicidios es de 40% sin que los datos provengan de fuentes confiables.
Recordarlo es relevante en momentos en que se discuten los derechos de las audiencias y la importancia de que la información pública sea veraz y precisa. No hay forma de corroborar con datos fidedignos el porcentaje de reducción de los homicidios en el sexenio, dado que el Inegi sólo da esa cifra de forma anual y es la única que se basa en certificados y actas de defunción, en los que se asienta la causa del deceso, misma que únicamente puede ser determinada por un médico legista.
Si el gobierno tiene un interés genuino de que la información que difunden los medios de comunicación esté apegada a la verdad —como ha expresado con motivo de la redacción de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias—, mal hace en basar una estadística que difunde a menudo en una fuente, el Secretariado Ejecutivo, que año tras año ha divulgado una cifra de homicidios que se queda cada vez más corta de la del Inegi.
La mejor manera de probar que le interesa la veracidad de la información y no el uso de ésta como propaganda, es dar el ejemplo. Como reza el dicho popular: lo que es parejo no es chipotudo.