El Presidente sí escucha

Es de celebrarse que más allá de los pleitos políticos que llevaron a una confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, haya prevalecido la razón jurídica en el debate público.

Al final, luego de palabras muy duras del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los ministros de la Suprema Corte e incluso de una inédita protesta pública de magistrados, jueces y empleados del Poder Judicial, las partes en conflicto aparentemente llegaron ayer a un acuerdo.

“Por lo pronto, en el Presupuesto 2019, para quedar claro, la Suprema Corte mantendrá sus mismos salarios y será solamente quienes ingresen como nuevos ministros los que podrán verlo reducido”, informó Mario Delgado, coordinador de la mayoría morenista en la San Lázaro.

“Entonces, ahí nosotros seremos cuidadosos en que se respete esta disposición (de que nadie pueda ganar más que el Presidente de la República) por parte de todos los jueces, magistrados y ministros que hayan sido instalados después de 2010, eso está claro, y hay una coincidencia de que todos tenemos que respetar la Constitución”, agregó Delgado, luego de asistir ayer a un desayuno con el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, al que también asistieron otros tres ministros.

Se desactivó así un enfrentamiento que amenazaba con desbordar sobre diferentes aspectos de la vida pública. De entrada, sobre el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que comienza el fin de semana.

Es verdad que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó un recurso de reclamación por la suspensión de la Ley de Remuneraciones –cuya aplicación ha provocado una ola de solicitudes de amparo–, pero parece un simple trámite, pues no se discutiría en la Corte antes de enero próximo.

En cambio, el acuerdo alcanzado entre legisladores y ministros es de gran trascendencia. Y me parece que está asentado sobre bases legales. Las reformas a la Constitución –como la del artículo 127, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente– son etéreas. Su aplicación depende de la existencia de una ley secundaria que, en este caso, tardó años en ser aprobada.

Tratar de aplicar el precepto  a todos los ministros de la Corte, luego de que el Presidente había bajado unilateralmente su salario, era insostenible jurídicamente. En particular, porque existe otro artículo de la Carta Magna, el 94, que establece que a los juzgadores no se les pueden reducir sus percepciones.

Es de imaginarse que a la desactivación del conflicto con la Corte no fue ajeno el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque haya sido operada por los diputados de su partido.

De ser así, sería la segunda ocasión en ocho días que el Ejecutivo abandona una posición aparentemente irreductible.

La vez anterior fue respecto de su decisión de que los llamados superdelegados del gobierno federal en los estados coordinarían la estrategia de seguridad y celebrarían reuniones en las que los gobernadores serían meros invitados.

Esto produjo la molestia de varios mandatarios estatales. Como aquí le relaté, los gobernadores de Jalisco y Chihuahua hicieron ver a López Obrador –en la reunión de la Conago del 4 de diciembre– que dicha disposición sería incluso violatoria de la ley, pues la mayoría de esos superdelegados no tiene experiencia en la materia. Enseguida, el Presidente desistió de su pretensión.

Aquella vez argumenté que el hecho debería verse menos como una cesión ante la presión política de los gobernadores y una parte de la opinión pública y más como resultado de un diálogo razonable entre las partes, diálogo con argumentos.

Creo lo mismo respecto de la distensión con la Suprema Corte. Por segunda vez se muestra que la razón jurídica pesa en esta nueva etapa política del país.

Contra la imagen de obstinación que a menudo proyecta de sí mismo –incluso gustosamente–, el Presidente da testimonio de que sabe y puede escuchar.

BUSCAPIÉS

“La primera lección en política es aprender a contar”, solía decir el presidente estadunidense Lyndon B. Johnson. Nos acercamos a la fecha de la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. El sábado por la tarde sabremos si el dinero alcanza para cumplir las promesas de campaña y si los cálculos de lo que perderá el erario por la reducción del IVA y el ISR en la franja fronteriza fue lo que se calculó o será más.

Ayer, el presidente López Obrador dio a conocer en Palacio Nacional las iniciativas que anularán la Reforma Educativa en caso de ser aprobadas. Contemplan la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), cuya titular, Teresa Bracho, afirmó que esa acción equivale a volver a poner en manos de la Secretaría de Gobernación la organización de la elecciones. Tiene razón.