Borrar, no encontrar a los desaparecidos

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

La tragedia de las personas ausentes en México enfrenta un nuevo capítulo de simulación oficial mientras los datos cotidianos reflejan una crisis humanitaria innegable. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país acumula cerca de 130 mil sustracciones, de las cuales alrededor de 20 mil corresponden a este sexenio. Este incremento ha venido acompañado de un ascenso importante en los últimos dos años en los casos de mujeres desaparecidas, una realidad dolorosa que ha sido abordada de manera reiterada en entregas recientes de esta Bitácora. 

A lo largo de los últimos meses, diversos organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de ONU, han emitido reportes y fallos sobre la gravedad de esta emergencia. Instancias globales y organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido repetidamente al gobierno mexicano que acepte la asistencia técnica internacional para hacer frente al colapso forense y acelerar las labores de búsqueda en el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades del país se han negado de forma sistemática a solicitar y recibir esta ayuda. En declaraciones oficiales e informes diplomáticos, el gobierno mexicano ha rechazado categóricamente estas conclusiones y recomendaciones, calificando los diagnósticos externos como tendenciosos, faltos de rigor jurídico o desligados de la realidad nacional.

Las cifras expuestas por el registro han molestado profundamente al oficialismo desde hace varios años. En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la magnitud del problema planteado por los conteos oficiales y llegó a declarar que se iría casa por casa a buscar a las personas que figuraban en los listados. Desde aquel momento comenzaron diversos intentos por desacreditar la información del registro, una estrategia para reducir el peso de las estadísticas que ha continuado en el actual gobierno.

Esa misma lejanía frente al dolor social se hizo evidente con motivo del Segundo Informe de Gobierno. En el mensaje político asociado a ese documento no hubo una sola mención para los desaparecidos ni para los colectivos de madres y familiares que han tenido que asumir en soledad las tareas de rastreo en el campo ante la abierta inacción e inoperancia de las autoridades responsables.

Por todo ello, resulta altamente contradictorio y llamativo que, tras haber rechazado reiteradamente la ayuda técnica internacional para buscar a las personas y procesar las innumerables fosas clandestinas repletas de restos humanos que siguen apareciendo en diversos puntos de la geografía nacional, ahora la Secretaría de Gobernación anuncie la integración de un grupo de expertos, algunos de ellos procedentes de instituciones académicas extranjeras, con la tarea de revisar las metodologías y validar los datos.

Lejos de reflejar un compromiso sincero con la verdad y la justicia, esta maniobra deja la impresión de que el gobierno está más interesado en desacreditar los datos incómodos del Registro que en abocarse a encontrar a los miles de desaparecidos y admitir con madurez la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Mientras el poder se enreda en la validación de sus propias cifras, las familias mexicanas siguen desenterrando la verdad con sus propias manos.

BUSCAPIÉS 

*La organización no gubernamental Fundación para la Justicia dice que la extinción de la acción penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración —por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, de marzo de 2023, que dejó 40 fallecidos y 20 lesionados por quemaduras—, es una muestra de que en México “la justicia es selectiva” y que “volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder”. Marcos Zavala, abogado de las víctimas, aclara que el fallo no es definitivo y que, “aunque no somos ingenuos respecto de la actuación de los jueces y las instituciones que se han alineado en este caso, nosotros vamos a seguir adelante para probar que la intención de la autoridad, lejos de hacer justicia, siempre ha sido dejar limpia a esa persona”.