Hace apenas dos años y medio, en febrero de 2024, Rubén Rocha Moya era el lugarteniente de Zeus en el Olimpo cuatroteísta. Nada parecía mover el piso bajo los pies del gobernador de Sinaloa.
Ese mes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el estado para inaugurar, junto a Rocha Moya, el acueducto Picachos-Concordia, una obra hidráulica en el sur de la entidad.
Allí, ante una audiencia reunida con las mejores técnicas del acarreo, López Obrador declaró su amor fraterno al gobernador. “Rubén es como… No, no ‘como’, es mi hermano”, dijo, ante la algarabía de los presentes. “Nos conocemos desde hace muchos años. Y vamos a seguir apoyando al pueblo de Sinaloa y al gran gobernador que tienen, Rubén Rocha”. Decir que las cosas han cambiado desde entonces sería una manera suave de ponerlo. Hoy todos en el oficialismo huyen de Rocha como de la peste.
El sábado, un día después de que anunció su inopinado regreso a la gubernatura, la presidenta Claudia Sheinbaum le dedicó un sermón digno de Savonarola —aunque sin mencionarlo por su nombre—, acusándolo de albergar “la ambición desnuda del poder por el poder”, así como de poner su nombre “por encima de los intereses del pueblo y la nación”, y calificándolo de arrogante y abusivo.
Luego de que el sinaloense entregó su nueva petición de licencia al cargo, la mandataria suavizó los epítetos en su contra, pero no dejó de llamarlo imprudente. Además, negó haber tenido contacto con él desde la primera vez que dio un paso de costado, el 1 de mayo pasado, dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó públicamente de tener nexos con el Cártel de Sinaloa y de haberse beneficiado de esa relación para ganar las elecciones de 2021.
No hizo falta más para que se convirtiera en un apestado. Lo más que pudieron hacer algunos por él fue guardar silencio. Incluso sus más férreos defensores tuvieron que reconocer que la biografía del sinaloense estaba tocada.
Ayer, luego de ser anunciado como “coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche” —un eufemismo para evitar decir que es el precandidato de Morena y sus aliados a la gubernatura—, Pablo Gutiérrez Lazarus aseveró que “nos contamina solapar a personajes que no nos ayudan”. Y agregó: “Nos queda muy lejos Sinaloa”.
Qué diferencia con lo que muchos de ellos decían, apenas hace una semana, cuando aseguraban que no había pruebas de la culpabilidad de Rocha; que las acusaciones de Washington eran “injerencistas”, y que no bastaba con que llegara una solicitud de extradición para investigar a un mexicano. La Presidenta incluso llegó a afirmar que si se atrevían a hacer señalamientos desde el extranjero contra un gobernador surgido de la oposición, ella respondería, con la misma fuerza, en defensa de la soberanía.
Pero ya no: ahora la línea oficial es decir que la Fiscalía General de la República tiene abierta una investigación contra Rocha y coacusados, por el simple hecho de que Estados Unidos presentó cargos contra ellos. Perdón, pero ¿cuándo se abrió esa investigación, que no nos enteramos? ¿Fue después de la primera licencia del gobernador, cuando la solicitud de extradición aún era presentada como un casus belli del intervencionismo extranjero? ¿O después de su fallido retorno al Palacio de Gobierno de Culiacán?
Pero ya que estamos en eso, sería bueno saber cómo va la investigación. ¿Ya llamaron como testigos a las decenas de ciudadanos —entre ellos, la diputada local Paola Gárate— que fueron secuestrados por criminales los días previos a la jornada electoral de 2021 para que no estorbaran el triunfo de Rocha? Que yo recuerde, el único resultado que han tenido las denuncias de Gárate sobre lo que le pasó hace cinco años ha sido el envío de una corona fúnebre a su casa.
¿Qué irá a pasar con Rocha? ¿Lo procesarán o lo arrumbarán, como sucede con los objetos que uno ya no quiere, en el lugar más oscuro de la casa? Pero, más importante: ¿qué sucederá si se da a conocer una nueva lista de narcopolíticos? ¿También les huirán?