Como parte del deterioro democrático del continente ante el desencanto de las mayorías, frente a gobiernos que no han sido capaces de resolver los problemas sociales más urgentes de la región, se suma el problema que ha representado en las últimas décadas el crecimiento desmedido del crimen organizado, que ha logrado incrementar su “base social” en muchos países latinoamericanos e, incluso, fortalecer nexos con grupos criminales de Asia y Europa.
No hay que olvidar que a principios de marzo del 2012, hace casi 15 años, se inauguró en México la Reunión Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que participaron funcionarios judiciales, fiscales y ministros de los países de la OEA y en ella ya se advertía que la violencia y la capacidad corruptora del crimen organizado constituían una amenaza para las democracias y la economía del continente. Se dijo entonces: “El crimen organizado transnacional representa el mayor desafío al Estado en este momento en el mundo y, en particular, en nuestro ‘adolorido’ continente”.
Con más de 150 mil homicidios en 2010, según el informe de entonces de la Organización de Estados Americanos, el continente americano se convirtió en la región más violenta del mundo. Ya desde entonces, las organizaciones criminales habían conseguido “controlar varias comunidades o zonas geográficas”, en las que ya intervenían en procesos electorales imponiendo –incluso– candidatos.
En aquel entonces, el Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, advertía que la delincuencia y la violencia que generaban dichas organizaciones eran las principales amenazas a la seguridad en el continente americano, en el que ese año se registraron más de 357 mil muertes violentas, entre las que se contaban más de 150 mil homicidios dolosos, 75 por ciento de ellos con arma de fuego.
Blackwell mencionó también que las actividades económicas como la agricultura y el turismo se veían ya directamente afectadas por las acciones violentas de las mafias delincuenciales.
La peor noticia de todo ello ha sido que, lejos de mejorar, la situación ha empeorado. 15 años después, México es un “botón de muestra” de cómo los grupos criminales, empoderados por la poca efectividad de las acciones gubernamentales y, en muchos casos, por la colusión y protección de los mismos gobiernos, hoy son –precisamente– quienes “mandan” y deciden en muchas regiones bajo el asedio de los cárteles.
Sudamérica se ha visto afectada por el aumento de la violencia debido a la mayor producción de cocaína y las disputas entre organizaciones criminales, entre otros factores. La expansión y la creación de redes entre las bandas –como el Tren de Aragua de Venezuela o Primer Comando Capital de Brasil– suponen un reto de seguridad creciente para países del cono sur, principalmente Chile o Paraguay.
En el Caribe destaca la actuación de pandillas locales y actividades lucrativas del tráfico de drogas y armas. Centroamérica y México se han caracterizado por la lucha por el control de las rutas del tráfico y el auge de sustancias como el fentanilo. La posición geoestratégica que ocupa la región, en la que destaca el llamado Triángulo Norte, y las condiciones de criminalidad ya presuponían, al iniciar el presente siglo, serias amenazas de seguridad.
El caso más emblemático en la actualidad es el estado de Sinaloa, que desde la última semana vive una profunda crisis política, resultado de la infiltración de la delincuencia organizada en sus estructuras gubernamentales. La entidad suma ya cinco años de pesadilla; en los últimos dos años ha registrado más de 3 mil homicidios, 4 mil personas desaparecidas, 113 niñas, niños y adolescentes asesinados, 11 mil vehículos robados, más de medio centenar de fosas clandestinas, 3 mil familias desplazadas y más de 5 mil empresas y establecimientos cerrados. ¿Qué estado puede sobrevivir a ello?