Abuso de autoridad

Habían acudido ante un juez para evitar que camiones de la empresa Cementos Moctezuma siguieran utilizando un camino que pasa por su terreno. El juzgador había emitido una resolución en el sentido de que se trataba de una propiedad privada, por lo que dicho camino no era público.

Ese día, José Antonio llevaba con él tanto la resolución judicial como la escritura.

Poco antes del mediodía llegaron al lugar miembros de la Policía Estatal delegación Xico. Preguntaron quién era el dueño del terreno y, cuando José Antonio se identificó, le pidieron que acreditara su dicho. Cuando estaba sacando los documentos de una mochila, los agentes le dijeron que se lo llevarían detenido. Antes, el hombre alcanzó a darle el celular a su hermano y le pidió que registrara en video lo que estaba pasando. Fue entonces cuando se llevaron también detenido a Heber Rafael, a quien le impidieron que realizara la grabación.

Ambos fueron llevados, primero, a la delegación de la Fiscalía estatal en Coatepec. No fue sino hasta el domingo siguiente que les tomaron su declaración. Para entonces, la policía ya había armado una historia distinta de los hechos: los hermanos Galán Contreras fueron acusados de haber atacado con cuchillos a los agentes y de haber sostenido con ellos una pelea que duró varios minutos. Curiosamente, cuando se certificó el estado de salud de los detenidos, ninguno presentaba lesiones, ni siquiera un moretón.

José Antonio y Heber Rafael fueron acusados de ultrajes a la autoridad, un delito al que la policía veracruzana ha recurrido con mucha frecuencia para justificar detenciones y que ha dado lugar a que se integre una comisión especial del Senado de la República para investigar violaciones a los derechos humanos en la entidad. Este caso forma parte del expediente que está integrando.

Los hermanos fueron recluidos inicialmente en el penal de Pacho Viejo, en la zona conurbada de Xalapa. Sin embargo, sin dar aviso a sus familiares, José Antonio fue cambiado al penal de Tuxpan y Heber Rafael al de Pánuco, a 240 y 410 kilómetros de distancia, respectivamente.

Candy Barradas, la esposa del primero, ha tenido que viajar hasta siete horas en autobús para visitarlo. En una entrevista para Imagen Radio, me dice que ninguna autoridad quiso escuchar su caso hasta que supo de la existencia de la comisión senatorial, que ahora está revisándolo.

“En nuestro estado las cosas no andan muy bien”, afirma la señora Candy. “Están destruyendo familias con acusaciones fabricadas”.

Insiste en que su esposo y su cuñado nunca atacaron a los policías y que ese día no portaban cuchillos, sino sólo picos y palas para trabajar en el terreno. Cuenta que la policía asegura que uno de sus elementos resultó herido, pero el supuesto lesionado no se ha presentado a declarar.

Al gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García, le gusta presumir que su estado es el segundo más seguro del país, pero últimamente se ha dado a conocer por cadáveres abandonados en la vía pública y hechos de abuso policiaco, como el que sufrieron los seis jóvenes detenidos en septiembre en la plaza comercial El Tejar, de Xalapa –acusados, ellos también, de ultrajes a la autoridad, hasta que fueron liberados por un juez federal–, y de cuestionable administración de justicia, como el que tiene preso a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Descubrir la verdad de lo que sucede en Veracruz no parece una cosa sencilla, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un apoyador constante de lo que hace el gobernador García. Por ello, la única oportunidad que tienen las víctimas para hacerse escuchar es la comisión del Senado que investiga abusos de autoridad en el estado.

“Temo a las represalias por dar declaraciones como éstas”, me dice la señora Candy. “Pero tenemos que alzar la voz”.