Voto y bote

Por Juan Carlos Luna

México requerirá de la activación de dos temas fundamentales para poder avanzar hacia la reconstrucción del país, estos son: voto y bote.

Es decir, participación ciudadana en las elecciones y una lucha frontal y comprometida contra la impunidad.

La impunidad en México es un problema muy grave que afecta la seguridad, la justicia, la democracia y el desarrollo del país. En México, la mayoría de los delitos no se denuncian ni se investigan. La impunidad favorece la corrupción, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos. Si hay voto y bote se podría aspirar a alcanzar un verdadero desarrollo que se fundamente en el Estado de derecho, en la lucha por fortalecer la democracia y en la batalla contra la corrupción.

A continuación se comentan —con referencias generales— algunos tipos penales que no debemos permitir que acaben en la frustrante ilegalidad de la impunidad. De acuerdo con el Código Penal Federal, son delitos por hechos de corrupción, entre otros, los siguientes:

Ejercicio ilícito de servicio público: Manifiesta hechos falsos al rendir informes que le son requeridos.

Abuso de autoridad: Niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles - Otorgue contratos de cualquier naturaleza que sean remunerados a sabiendas que no se cumplirá con el contrato.

Coalición de servidores públicos: Cometido por los servidores públicos que se alían para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general para impedir su ejecución o para renunciar a sus puestos con el objeto de impedir o suspender la administración pública.

Uso ilícito de atribuciones y facultades: Lo comete el servidor público que ilícitamente otorgue concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones; otorgue o contrate obras públicas, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos.

Concusión: Lo comete el servidor público que exija dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa que no es debida o en mayor cantidad a la debida, por concepto de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento.

Intimidación: Lo comete el servidor público que utiliza por sí mismo o por conducto de un tercero la violencia física o moral para inhibir o intimidar a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero lo denuncie o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ejercicio abusivo de funciones: Lo comete el servidor público que ilícitamente otorgue contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o realice actos jurídicos que produzcan beneficios económicos a su persona, a su cónyuge o parientes o a cualquier tercero con quien tenga vínculos afectivos o económicos, socios o sociedades de las que el servidor público forme parte.

Tráfico de influencia: Lo comete el servidor público que promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a sus responsabilidades. Solicite o promueva la resolución o tramitación de cualquier acto en materia de empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí, para su cónyuge o parientes o a cualquier tercero con quien tenga vínculos afectivos o económicos, socios o sociedades de las que el servidor público forme parte. Este delito también lo cometen los particulares que, sin estar autorizados legalmente para intervenir en un negocio público, afirman tener influencia sobre servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro.

Cohecho: El servidor público que solicita directamente o por medio de un tercero dinero o cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones comete el delito de cohecho.

Peculado: Comete el delito de peculado el servidor público que desvíe de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier cosa que pertenece al Estado o a un particular y que por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, depósito o posesión. Ilícitamente utilice fondos públicos para promover una imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o bien, con el fin de denigrar a cualquier persona.

Enriquecimiento ilícito: El enriquecimiento ilícito existe cuando el servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de los que se conduzca como dueño, así como los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que estas personas los obtuvieron por sí mismos.

Un país que no ataca con convicción y compromiso los delitos cometidos por sus propias autoridades, de alguna forma los está consintiendo y, con ello, dejando abierta la puerta para que se vuelvan a cometer. Por todo esto resulta tan necesario aplicar esta sencilla fórmula de vota y bote. Es urgente que su impacto tenga tanta fuerza que desplace a cualquier postura derrotista de quienes piensen que nada puede cambiar y que tanto el fraude, la corrupción y la impunidad son realidades en las que necesariamente tendremos que convivir. Ningún gobierno podrá ser eficaz en la lucha contra la corrupción si no cuenta con el respaldo de una sociedad informada, crítica y participativa que denuncie y exija que haya consecuencias. Así que, primero, voto y, luego... exigir que quien viole la ley acabe en el bote.

Sin esta dupla, México continuará comenzando una lucha que seguirá perdiendo.