Tarifas eléctricas ponen en jaque a organismos de agua

Por Ramón Aguirre Díaz *

En alguna de las conferencias sobre el tema del agua a las que asistí, un expositor comentó lo que llamó mucho mi atención: “Los servicios de agua potable y saneamiento representan la puerta más importante para combatir la desigualdad”. No es difícil llegar a la conclusión de que, al tratarse de un recurso imprescindible, no existe una mayor desigualdad que la diferencia en la calidad de vida de quienes cuentan con servicios de agua eficientes y la de quienes no disponen de los mismos.

Por la forma en que crecen las ciudades en México, donde las personas más desprotegidas se asientan en terrenos sin servicios, en partes muy alejadas de las fuentes de abastecimiento o incluso en zonas más altas que la cobertura de los tanques de almacenamiento (que en mucho dificulta el dotarles de los servicios), son precisamente esas personas las que tienen mayores problemas de abasto de agua y, en muchas ocasiones, también de saneamiento. Conforme la información estadística de que se dispone, más del 90% de las personas con nulos o malos servicios de agua son precisamente las más pobres.

En la medida en que los organismos operadores de los sistemas de agua tengan dificultades económicas que se traduzcan en malos servicios, lo normal es que los más afectados sean quienes se encuentran en las zonas más difíciles de atender. Hemos ya comentado sobre la necesidad de una gran reforma al sector del agua potable para iniciar un proceso que se tomará muchos años —por lo mismo urge ya empezar cuanto antes— para lograr servicios de calidad en México.

Entre tanto, a las ya de por sí difíciles condiciones del subsector de agua potable, donde sólo unos cuantos organismos en el ámbito nacional son autosuficientes económicamente, se le suma un problema de enorme impacto a su economía, ya que, desde el año 2018, el último de la anterior administración federal, la modificación al esquema tarifario del cobro de energía eléctrica ha generado incrementos significativos, en promedio del 60%, en el cobro por este servicio.

El asunto no es menor, para la mayoría de los organismos operadores, el pago de la energía eléctrica representaba entre el 24% y el 72% de sus costos (una media del 48%). El fuerte incremento en este concepto y por tratarse de un tema obligado por pagar —de otra forma, la CFE les corta el servicio—, ha sido necesario dejar de hacer mantenimientos y renovación de equipos, lo que se traduce en servicios más deficientes.

Antes de la reforma al esquema tarifario de 2018, los organismos de agua pagaban las tarifas 2, 6 y algunos las OM (ordinario media tensión) y HM (horario media tensión), en la nueva estructura tarifaria se emigró a las tarifas PDBT (pequeña demanda de baja tensión), GDBT (gran demanda de baja tensión), GDMTH (gran demanda de media tensión horaria) y GDMTO (gran demanda de media tensión horaria), que corresponden a tarifas que se aplican a la industria, desapareciendo las tarifas de apoyo a un servicio público tan importante como el del agua. Se reclasificó impactando severamente a los organismos operadores.

La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), que agrupa a los organismos operadores del país, ha sostenido reuniones con la CFE y con la Secretaría de Energía, quienes han mostrado interés en buscar soluciones al problema, pero a estas dependencias no les corresponde el tema, las tarifas del servicio eléctrico las define la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Esperamos una apertura de esta comisión para escuchar las razones de los organismos operadores del país, pero, en lo que la solución llega, la afectación en la calidad de los servicios por la falta de recursos para mantenimiento y reposición de infraestructura es algo que afecta más a quienes menos tienen.