Que la Profeco aplique todo el peso de la ley en la pandemia

Por Eduardo Ramírez

La Profeco es la autoridad cuya obligación es velar que no se violen los derechos de los consumidores, pero, por lo que se puede observar en muchas partes del país, su actuación ha sido omisa, sin capacidad para frenar los abusos de gente sin escrúpulos que, aprovechándose de la necesidad de las personas, particularmente durante esta pandemia del covid-19, han incrementado los precios de manera exorbitante en insumos y material médicos necesarios para la atención de quienes, lamentablemente, se han contagiado.

El regreso paulatino a la nueva normalidad requerirá que la población continúe con medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas en transporte público y lugares con aglomeraciones; limpieza de espacios de trabajo y en el hogar; desinfección constante de superficies con altos niveles de contacto, entre otras, lo que implicará que se genere una mayor demanda tanto de las medicinas que requieren las personas con afecciones crónicas, inmunodeficientes y las personas adultas mayores y de materiales e insumos médicos, como tanques de oxígeno, cubrebocas, guantes, alcohol, gel antibacterial y demás productos sanitizantes y de limpieza que contribuyan a contener la pandemia.

En una situación en donde debiera imperar la solidaridad de todos, pero especialmente de quienes producen, distribuyen o comercializan esos productos, no puede permitirse y, por el contrario, debe castigarse el lucro desmedido o los actos especulativos, porque, por encima de todo, está salvaguardar el derecho a la salud. Es en estos momentos de crisis sanitaria y económica cuando se requieren medidas extraordinarias que eviten que las personas puedan quedarse sin medicamentos e insumos médicos por un precio que les resulte inaccesible.

La Profeco, sin contratiempo, tiene la obligación de hacer uso de todos los instrumentos legales a su alcance para impedir y sancionar ese aumento injustificado de los precios y las prácticas desleales, así como para denunciar y exigir a la Cofece el castigo para quienes acaparan esos insumos y productos médicos o medicamentos con el propósito de provocar su incremento en el precio.

Nos encontramos en una etapa crítica, con regiones del país en su punto máximo de contagio y, por otro lado, con el regreso gradual a actividades esenciales en medio de una nueva normalidad en donde no se puede poner en juego la salud y la vida de los mexicanos por el hecho de no tener el dinero suficiente para adquirir insumos o productos para protección de la salud, debido al exagerado precio que algunas personas o empresas sin escrúpulos imponen a los consumidores.

Es imperdonable que la Profeco solape y permita que se golpee de esa manera el bolsillo de los mexicanos; como ejemplo se tiene el aumento en el precio del alcohol, que, de costar 48 pesos el litro antes de la pandemia, incrementó su precio en un 100%, o las mascarillas N95, que de 70 pesos han llegado a costar, en promedio, 280 o hasta 300 pesos cada una. Lo mismo sucede con productos como guantes de látex, toallas desinfectantes, productos de limpieza y otros sanitizantes que han visto incrementado su precio, desde el 50% y hasta un 400 por ciento.

En Chiapas, en las ciudades donde se tienen los mayores contagios, como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Tonalá, se reporta escasez de tanques de oxígeno, y en aquellos lugares donde aún se venden, los precios para los tanques portátiles, que previo a la pandemia costaban 3,500 pesos, ahora llegan a cotizarse hasta en 8 mil pesos, y los tanques de 2,500 lts. han elevado su costo hasta en 30 mil pesos, cuando previamente costaban 6 mil pesos. Considerando que un enfermo puede llegar a requerir hasta 15 litros por minuto, podemos imaginar la desesperación que esta situación le provoca a él y a su familia.

Como representante popular, exijo a la Profeco que ejerza todas las facultades que le da la ley para garantizar los derechos de los consumidores y vigile, verifique e inspeccione que los proveedores y quienes suministran o venden insumos médicos y fármacos necesarios para el tratamiento de quienes se han visto afectados por el covid-19 se mantengan dentro de la legalidad o, en caso contrario, se les aplique todo el peso de la ley.