Políticas públicas para el combate de la desigualdad económica en la CDMX

Por Fadlala Akabani

La Ciudad de México y sus habitantes han atravesado un proceso de apertura política y democrática (impulsado principalmente por las fuerzas de izquierda) que comenzó con la reforma política de 1997 para permitir la elección de autoridades locales y en que, en gran medida, culminó en 2017 con la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. La posición progresista del pueblo de la ciudad quedó plasmada en la primera Constitución local, pues están contemplados el derecho humano al trabajo, así como la promoción de las habilidades para el emprendimiento. Tales derechos en el largo plazo requieren de la articulación entre gobierno y empresa privada para hacer realidad el ideal de justicia económica y social de la 4T en la capital del país. Tal y como lo expresó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esta semana durante la inauguración del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz (del que fuimos anfitriones), la desigualdad es el principal causante de los peores problemas que aquejan a los países y las grandes ciudades.

Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, según las mediciones del método más utilizado para cuantificarla, el índice de Gini. Esta medida, desarrollada por el estadístico italiano Corrado Gini en los umbrales del siglo XX, es comúnmente empleada para determinar el grado de desigualdad económica (salarial) existente entre los habitantes de un territorio.

Numéricamente, su expresión va de 0 a 1; donde 0 representa una distribución equitativa de la riqueza entre los habitantes y el 1 expresa el mayor nivel de desigualdad, donde toda la riqueza o el ingreso generado estaría en manos de una sola persona.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el índice de Gini en México se ubica en un 0.45, coeficiente similar al registrado por economías comparables en la región como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, quienes puntúan índices de 0.41; 0.53; 0.44 y 0.50, respectivamente; un claro resultado de las políticas neoliberales instrumentadas a lo largo de América Latina, que en México cumplieron un ciclo de 30 años, donde los 12 últimos, con Calderón y Peña Nieto, resultaron especialmente significativos en la pauperización de la economía nacional. A nivel nacional esto quiere decir que, en nuestro país, el 1% de la población concentra el 45% de la riqueza. Con base en estimaciones del Inegi, a nivel de los hogares la disparidad entre el decil con mayores ingresos respecto al de menores ingresos es hasta 18 veces superior.

En términos de género, las mujeres enfrentan múltiples efectos de la desigualdad, como discriminación laboral, pues mientras el 80% de los hombres son económicamente activos, el promedio de ocupación en mujeres es de 40%; brecha salarial que en empleos formales (registrados ante el IMSS) es de 52 pesos diarios menos en el ingreso promedio de las mujeres, y también asumen mayor carga de trabajo en el hogar que los hombres.

A nivel local, la desigualdad tiene componentes socioterritoriales, donde los índices de desarrollo social y acceso a servicios públicos son muy bajos; alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco han concentrado históricamente hasta el 50% de las unidades de alta y muy alta marginación. Ante este diagnóstico y frente al más reciente informe del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México que indica que sufre pobreza el 52.5% de la población; donde las carencias más frecuentes son vivienda, seguridad social, adecuación sanitaria, educación y salud con porcentajes del 49.2, 43.3, 40.5, 27.2 y 26.7, respectivamente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, concibe y proyecta una ciudad donde los bienes superiores como educación, salud, agua, espacio público y vivienda dejen de ser privilegios para convertirse en derechos universales. Una diferencia sustancial con el neoliberalismo, donde todo es una mercancía. La Sedeco diseña y ejecuta política pública de financiamiento (a través del Fondeso), capacitación y profesionalización para incrementar la eficiencia, productividad y competencia de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estas políticas que buscan detonar el desarrollo económico y social en los deciles más bajos de la población en la Ciudad de México están acompañadas de una amplia cobertura en programas sociales, que al momento brinda apoyos a estudiantes que benefician al 100% del alumnado en escuelas públicas con Mi Beca para Empezar, para el que se han destinado 5 mil millones de pesos y 20 mil millones de pesos que son resultado de la inversión directa del Gobierno de México, como la pensión alimentaria para adultos mayores, que atendió a más de 800 mil adultos mayores, o las becas para jóvenes Benito Juárez (para bachillerato) y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Problemas como la violencia y los estallidos sociales son latentes en muchas ciudades del continente, un escenario cada vez más complicado para el mantenimiento de la gobernabilidad si no cambiamos el modelo, pues las demandas y enojo popular tienen fundamento en la realidad; la paz y el progreso son producto de la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza.