Por Alejandra Cuéllar*
México se enfrentará a una decisión con consecuencias concretas para millones de personas en los próximos diez años: la renovación de la NOM-163. Esta norma regula cuánto combustible gastarán los automóviles, qué tan contaminado estará el aire y qué tan preparada estará la industria nacional para competir en un mercado que avanza rápidamente hacia la electrificación.
El nombre puede sonar lejano y burocrático, pero su funcionamiento es relativamente sencillo. La NOM-163 establece un promedio máximo de emisiones para el conjunto de vehículos que comercializa cada fabricante. Para cumplirlo, las empresas pueden vender automóviles de gasolina más eficientes, incorporar tecnologías híbridas y aumentar la presencia de vehículos eléctricos.
Cada vez que una persona llena el tanque de gasolina, respira el aire de una avenida congestionada o compra un automóvil eléctrico, vive las consecuencias de la NOM-163.
La versión vigente cubre los vehículos modelo 2025, 2026 y 2027. Ahora México debe definir qué sucederá después de 2028. Lo que se decida puede acelerar la modernización del mercado o prolongar durante años su dependencia de vehículos contaminantes e ineficientes.
Las decisiones de los próximos meses ayudarán a definir qué vehículos estarán disponibles y qué aire respiraremos durante la próxima década.
La combustión de gasolina y diésel también tiene consecuencias directas sobre nuestra salud. Los vehículos emiten contaminantes como óxidos de nitrógeno y partículas finas, asociados con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En las ciudades, millones de personas están expuestas diariamente a las emisiones del tráfico. Reducir el consumo de combustibles y acelerar la incorporación de vehículos eléctricos es una medida de salud pública que puede disminuir la contaminación y las muertes prematuras asociadas a ella.
La ambición de la próxima NOM-163 no dependerá únicamente de las metas, sino también de sus mecanismos de cumplimiento. Créditos, compensaciones y otras flexibilidades pueden facilitar la transición, pero si son demasiado amplios también pueden permitir que las empresas cumplan en el papel sin reducir suficientemente las emisiones reales. Tan importante como fijar metas, exigentes será asegurar mecanismos claros de verificación y rendición de cuentas.
Aunque la NOM-163 parezca un asunto reservado para especialistas y la industria automotriz, sus consecuencias recaerán sobre toda la población: en el gasto en gasolina, la calidad del aire y los vehículos disponibles. Si el debate queda únicamente en manos del gobierno y de las empresas reguladas, existe el riesgo de que prevalezcan las necesidades de corto plazo de la industria sobre el interés público. La sociedad civil debe involucrarse en el proceso.
La renovación de la NOM-163 es, en el fondo, una decisión sobre qué mercado automotriz queremos construir para la próxima década. Podemos utilizarla para acelerar vehículos más eficientes, aire más limpio y una industria preparada para competir en el futuro, o conformarnos con una transición más lenta cuyos costos terminarán pagando los consumidores y las ciudades mexicanas.
Una norma técnica puede parecer pequeña frente al tamaño de esos desafíos. Pero precisamente ahí está su importancia: las grandes transiciones también se deciden en reglas como ésta.
*Periodista